Serán en total 19 los consignados por delitos del fuero común y federal, entre ellos los propietarios -que ya se ampararon- de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Fuentes federales comentaron ayer a El Economista que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Hermosillo consignó en el pliego delitos contra 13 servidores públicos, de las cuales se cumplimentó la captura sólo de siete y faltan seis más por aprehender.
Mientras que a la Procuraduría General de la República (PGR) corresponderá la captura de seis más, entre funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los propietarios de la guardería.
Por el momento, el Ministerio Público federal presentó ante el Juzgado I de Distrito de Procedimientos Penales a Irma Crescencia Díaz Gómez y Delia Botello Amante, ambas excoordinadoras zonales de Guarderías de la delegación del IMSS en Sonora y faltan por detener a cuatro más.
Empero, la PGR a través de la Subprocuraduría de Delitos de Servidores Públicos busca detener a tres funcionarios federales más que se encuentran prófugos y los dueños Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquidez Serrano, Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hoeffer y Sandra Lucía Téllez Nieves. La acción judicial contra los propietarios cuenta como una sola acción, dado que los mencionados forman parte de una sociedad “única’’.
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