Equipo yoinfluyo.com
El 10 de abril de 2009, la Secretaría de Gobernación (Segob) comenzó a promover el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). El objetivo de esta iniciativa es que este instrumento sirva para prevenir, investigar y perseguir los delitos en los que se hace uso de celulares, como el secuestro y la extorsión telefónica.
A partir de aquella fecha y hasta el 10 de abril de 2010, los usuarios de teléfonos móviles debían registrar su número de celular, de modo que éste quedara relacionado con la CURP, para así generar un registro único que incluyera usuario y teléfono.
Según la Cofetel, hasta hoy se han registrado 59 millones 329 mil líneas telefónicas, de un total de 83 millones 500 mil celulares. A un año de haber emprendido esta iniciativa, el gobierno federal se enfrenta con que casi el 30 por ciento de líneas celulares no están registradas, por lo que deberán ser dadas de baja sin remedio.
Sin embargo, ¿quién se ha detenido a escuchar las razones por las que millones de personas desconfían del uso que se dará a su información y rechazan el Renaut?
Existen razones fundadas para la desconfianza. En principio, no parece ser una política suficientemente justificada. Nada demuestra que el hecho de tener los celulares en un registro disminuirá los niveles de secuestro y extorsión.
Tan es así que hoy existen más de 5 mil líneas de teléfonos móviles que están registradas con el nombre del presidente Felipe Calderón y otras tantas con el del empresario multimillonario Carlos Slim.
El gobierno federal no ha sido capaz de dar certeza a los usuarios, de modo que, lógicamente, existe una desconfianza hacia la manera en la que será empleada la información que se proporcione. Ni siquiera se diseñaron los mecanismos sistémicos para evitar el robo de identidad en este registro.
Por su parte, las empresas de telefonía móvil en principio se mostraron resistentes a acatar las resoluciones de la Cofetel y los plazos de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Al haber sido rechazada su petición de ampliar el plazo de registro de líneas celulares, se dieron a la tarea de promover mucho más intensamente entre sus usuarios la obligación de entrar en el Renaut.
A estas alturas, es obligado cuestionar si dichas empresas estarán dispuestas a perder un mercado de 24 millones de líneas, que son las hasta ahora faltantes de registro, en aras de cumplir la ley.
Aun cuando las empresas de telefonía móvil allanaron el camino a sus usuarios para lograr su entrada al Renaut, fueron millones de éstos quienes al final decidieron no empadronarse.
¿De quién es la responsabilidad de que el Renaut hasta hoy no haya dado los resultados esperados? Del gobierno federal tanto como de los ciudadanos.
Unos, incapaces de dar certeza y confianza a sus ciudadanos. Los otros, incapaces de logar una colaboración intensa con las autoridades.
Ahora bien, ¿el Renaut colaborará a la resolución del problema que se planteó? Difícilmente. La única manera para que el Renaut coopere en ese sentido es que forme parte de una política integral de seguridad, misma que el Senado se comprometió a dar forma en una ley que debe ser aprobada este mes.
De otro modo, el Renaut pasará a la historia como una iniciativa hecha realidad que busca controlar y fiscalizar al ciudadano. Y de ahí la desconfianza.
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