Bajo la máxima de que las leyes están para el servicio de quien las hace, los legisladores mexicanos se disponen a votar mañana una controversial propuesta que podría proteger a los candidatos e instituciones electorales de todo insulto, injuria y difamación, pero que en su redacción arbitraria podría también entender una crítica como una violación a la ley y, en un eco de los Estados represivos del siglo pasado, hacer que personas que cuestionen seriamente a los candidatos puedan ir a la cárcel. La iniciativa apoyada por el PRI pone en entredicho la libertad de expresión probablemente en aras de una elección en la cual el partido que lleva la ventaja en las encuestas busca blindarse.
El texto de la modificación al Código Penal Federal propuesto por el PRI es el siguiente:
«Artículo 412 Bis. Se impondrán de cien a doscientos días de multa y prisión de uno a seis años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones; si el responsable fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa y prisión de dos a nueve años».
Denise Maerker escribe en El Universal:
«Qué tal! ¿Y qué entienden por injuriar? El dictamen dice: “Injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Lo fundamental no es la efectiva deshonra, descrédito o menosprecio que resulta difícil de constatar, sino la intención del sujeto”. ¿Cómo separamos la crítica de la injuria? ¿Cómo para expresar disgusto o desaprobación respecto de cualquier autoridad o candidato? Imaginemos: plena campaña, las encuestas van cerradas y en un mitin de un candidato presidencial un ciudadano cualquiera se le acerca y se pone a gritarle que es un corrupto, vendido y ladrón. No tiene cómo probarlo, desde luego, es su íntima convicción, y él es militante de otro partido y defensor de otro candidato. ¿Corre el riesgo de irse seis años a la cárcel?».
¿Es esta reforma a la ley una estocada estratégica del PRI, una forma de desestimular el uso de fusiles en las elecciones, mantenerse por la segura sombra y culminar en la alta silla, con el camino ya zanjado? Quizás sabiendo que solo una estrategia ofensiva-agresiva en su contra puede quitarles el triunfo, e invocando la arbitrariedad legislativa, puesto que incluso estas palabras podrían tal vez, en este texto, bajo cierta lectura sesgada y dentro de la interpretación legal, considerarse una injuria a su “honorable” e intocable persona.
Según informa la revista EMET, el diputado federal del PRI, Arturo Zamora Jiménez, quien propone la iniciativa para sancionar con cárcel a quien en pleno uso de su libertad de expresión ofenda o difame a precandidatos, candidatos y partidos, fue vinculado en 2006 por la DEA con el crimen organizado. Lo cual no debe de sorprendernos, en cambio está en sintonía con esta propuesta de ley gangsteril.
El Universal también reporto en el 2006 que “Según el reporte de la DEA, Arturo Zamora armó un grupo de protección con 12 policías para proteger a narcotraficantes, mismo que ‘estaba manejado por Rodolfo Ramírez Vargas’, quien en ese entonces fungía como jefe de la Policía de Zapopan con licencia hasta el 15 de julio”.
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