Por Carlos Moncada Ochoa publicada el día 2011-05-03
FE DE ERRATA.- Antes de entrar al tema de hoy, ofrezco al Lector una disculpa por el error que cometí en la columna de ayer. Dije que se abrió una averiguación previa en la PGR contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la posible comisión de varios delitos, pero no se encuentra en esa instancia federal sino en la PJE, Procuraduría de Justicia del Estado. Me equivoqué de letras, aunque no de la averiguación y del denunciante.
Hace un mes y medio la trabajadora Gisela Peraza Villa presentó una queja ante la Comisión contra quienes viven y trabajan en la Casa de Gobierno por haberla mantenido secuestrada durante más de cien horas, en el curso de las cuales fue golpeada por una mujer policía, amenazada y obligada a firmar la renuncia del empleo en que llevaba nueve años, sin justificación ni indemnización. Relataré el caso apoyado en frases textuales de la agraviada.
El domingo 13 de marzo, dice la denuncia firmada por esta joven de 26 años, su patrona, la señora Iveth Dagnino la llamó a su presencia porque el gobernador quería hablar con ella. Gisela no vio ahí al gobernador sino “al señor Agustín Rodríguez, quien es compadre del Sr. Gobernador y a la vez labora como el Secretario Particular”. Este le dijo que habían robado de la misma Casa de Gobierno una cantidad de dinero y que ella era la sospechosa. En eso llega el comandante encargado de la seguridad y le ordena a Gisela que se vaya a su habitación y no salga de ella, y comisiona a un agente para que se asegure de que no lo hará.
La tuvieron encerrada hasta las 14 horas del siguiente día (lunes), cuando se presentan “varios elementos de seguridad quienes me colocan unas esposas para sacarme de la Casa de Gobierno, mismas personas que me trasladan al edificio de la PEI ubicado a la salida a Kino”. Los agentes le dijeron que “eran órdenes del Sr. Gobernador que entregara lo que supuestamente me había robado y que no habría ningún problema, a lo que les contesto que a pesar de haber tenido tanto tiempo trabajando nunca había habido algún problema al respecto por lo que me sorprendía la actitud que tenía (el Gobernador) para conmigo”. También les hizo ver que aunque ella, Gisela, hacía la limpieza en la recámara donde habían robado, había más empleados con acceso a la habitación.
Ese mismo día “un agente de la PEI de sexo femenino” la llevó a una habitación próxima a las celdas, le ordenó sentarse en el piso y comenzó “a darme de golpes en diferentes partes del cuerpo gritándome palabras altisonantes y exigiéndome le dijera dónde estaba el dinero que supuestamente se robaron, amenazándome con mi familia y que eso que me estaba haciendo era sólo el principio, que lo que me faltaba iba a ser peor”. Después de la golpiza la pasan a otra habitación donde otros agentes prosiguen el interrogatorio. Le permitieron ir al baño y ahí Gisela, desesperada, se quitó las agujetas del calzado resuelta a quitarse la vida, pero el estado de shock la hizo perder el conocimiento. Despertó cuando la abofeteaban y le arrojaban agua fría en la cara para que reaccionara. Pensó entonces que debía confiar en que su inocencia quedaría evidente y tendrían que devolverle la libertad, aunque no le habían permitido hacer una sola llamada telefónica y su familia ignoraba lo que pasaba. Según supo después, habían ido a buscarla a la Casa de Gobierno donde les dijeron que no conocían su paradero.
Estuvo encerrada en el cuarto donde identifican a los delincuentes hasta el jueves; a las 23 horas de ese día la condujeron ante el Agente del Ministerio Público (lo que debió haberse hecho desde el primer momento) para que le tomara declaración. El viernes 16 poco antes de la 1 de la mañana la dejaron en libertad.
Cuando le estaban tomando declaración en presencia de la defensora de oficio, le mostraron un escrito “firmado por el C. Javier Montes Huerta, quien funge como el encargado de seguridad de la Casa de Gobierno”, en el que afirma que Gisela salió el lunes en la madrugada de su cuarto con un bulto sospechoso, lo que fue inventado ya que había un agente en la puerta de su cuarto para evitar que saliera. También se hizo constar que se le habían encontrado Diez Mil Pesos en su bolso, mentira burda pues la habían registrado el mismo domingo. Puras pruebas prefabricadas.
Para arruinarla por completo, el lunes 14 por la mañana “se presenta ante mí un licenciado de nombre Luis Fernando Sánchez Lara quien me solicita firme unos documentos en donde renuncio voluntariamente a mi trabajo, lo cual hice para evitarme más problemas”. Omito detallar el acoso de que fue objeto su familia y la llamada telefónica que hizo a la Casa de Gobierno a la señora Iveth Dagnino para que le permitiera ir a recoger sus pertenencias. Se llevó otra maltratada verbal porque la seguía considerando responsable.
Como sabe el lector, se localizó al culpable del robo de Medio Millón de Pesos y un lote de joyas, lo que pone en claro que el secuestro, la incomunicación, los golpes que padeció Gisela, así como el despido de su trabajo, son abusos inexcusables. ¿Qué curso ha dado el Ombudsman a esta queja? ¿Solicitó informes a las autoridades implicadas? ¿Ha solicitado sanciones contra los responsables? ¿Gestiona que se indemnice conforme a la Ley a la servidora echada a la calle?
Y una pregunta sinceramente ingenua: ¿tiene relación la recepción de esta queja, fechada el 18 de marzo, con la averiguación previa contra el Ombudsman abierta poco después?
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