De verguenza la indemnización de 11798 en el caso Marisela Escobedo Buen artículo de Sarmiento

Sergio Sarmiento

"Los muertos no pueden exigir justicia; es un deber de los vivos hacerlo por ellos".
Lois McMaster Bujold

Un tribunal de casación en Chihuahua -el mismo que determinó echar atrás la sentencia de inocencia que un tribunal oral de primera instancia otorgó a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, homicida de Rubí Marisol Frayre- decidió que la pequeña hija de Rubí y Sergio, Heidi Barraza Frayre, debe recibir una indemnización de su padre. Usted recordará que Rubí era la hija de Marisela Escobedo, quien realizó un movimiento en busca de justicia por la muerte de su hija y que el 16 de diciembre del año pasado fue asesinada fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Hasta aquí todo parece correcto. Una de las asignaturas pendientes en la justicia de nuestro país es lograr que las víctimas sean indemnizadas por los criminales. El triunfo, sin embargo, se convierte en insulto cuando nos enteramos que la indemnización que el tribunal ha determinado para la niña es de 11,798 pesos.
En principio esto no significa que el crimen deba quedar impune. Sergio Barraza, quien desde el inicio confesó su responsabilidad, ha sido ya condenado a 50 años de cárcel por el tribunal de casación, el cual revisa y corrige los fallos de los tribunales inferiores. Pero uno podría pensar que ante una cantidad de 11,798 pesos por la vida de una madre sería mejor no tener ninguna indemnización.
En México la impunidad es regla. Como el tribunal de primera instancia lo dejó en libertad y le dio tiempo para huir, Barraza ha logrado evadir la justicia y se mantiene prófugo. Desde la clandestinidad dio al parecer las instrucciones para matar a Marisela Escobedo, la madre de Rubí, en un intento por detener su campaña para obtener justicia.
Las víctimas en nuestro país tienen pocos o ningún derecho mientras que los criminales pueden amenazar, presionar o incluso matar a quien se les antoje sin temor a sufrir algún castigo. Si suponemos que Barraza ordenó el homicidio de Marisela, el que reciba una nueva condena carcelaria en poco lo intimidaría. Ya tiene una sentencia de 50 años en contra que el Estado mexicano ha sido incapaz de aplicar.
El que un tribunal pueda ordenar el pago de una indemnización a un familiar de una víctima es una medida adecuada que debería ser más común en el inoperante sistema de justicia de nuestro país. En este momento nuestros procesos legales enfrentan, por una parte, al criminal o acusado y, por el otro, al Estado. La víctima queda en buena medida descartada. No se le permite participar en el juicio ni buscar un amparo en contra de un fallo injusto. Aun en aquellos casos en que se castiga al criminal, los años de cárcel en poco o en nada ayudan finalmente a la víctima.
Un sistema en que la justicia se enfocara a la restitución del daño a la víctima sería mucho más sensato. En lugar de simplemente castigar con cárcel, por ejemplo, podríamos obligar al criminal a trabajar, ya sea en una cárcel o incluso en libertad, dependiendo de su peligrosidad, pero siempre con la obligación de entregar un porcentaje importante de su ingreso a las víctimas o familiares de las víctimas.
Lo que lejos de ser un acto de justicia se antoja como una simple burla a las víctimas es que, mientras el Estado se muestra impotente para evitar que los criminales amenacen o maten con impunidad a los familiares de las víctimas, un tribunal determine una indemnización de 11,798 pesos a una niña por el homicidio de su madre.
Bloqueos
Durante varias horas ayer un grupo de transportistas provocó con sus bloqueos un enorme caos de tránsito en el poniente de la Ciudad de México. El "castigo" fue prometerles mesas de trabajo para estudiar sus peticiones. Con razón todo el mundo bloquea el tránsito en la capital del país. Los beneficios son enormes y las consecuencias negativas nulas. Las víctimas son los ciudadanos, pero esos no les importan ni a los activistas ni a las autoridades capitalinas.