Jueves 12 de julio 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- De confirmarse el nombramiento de Enrique
Peña Nieto como presidente de la República, la vida de las mujeres corre
serios riesgos y sus derechos seguirán siendo violados, advirtió la
coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz
Estrada.
“Si se confirmara a Peña Nieto (como presidente) tenemos una
preocupación, porque en el tema de mujeres fue insensible y vivimos la
simulación. Si va a atacar el feminicidio como lo hizo en el Estado de
México, la situación de la vida de las mujeres corre graves riesgos”,
puntualizó la activista, cuya organización ha documentado miles de
feminicidios en el país, además de desapariciones de mujeres y niñas.
En conferencia de prensa para informar sobre la comparecencia del
Estado mexicano –el próximo martes 17– ante el Comité de Expertas de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, Estrada recordó que como
gobernador, “Peña Nieto se negó a que se realizara una investigación por
parte del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres”.
Además, dijo, “creó una ley contra los feminicidios en la que resulta
imposible determinar que existen, porque uno de los requisitos es
certificar que el responsable del crimen lo hizo por discriminación,
pero el primer problema es que no hay detenidos. Entonces, ¿cómo se va a
acreditar ese elemento?”.
Por su parte, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos
Humanos, señaló que otra deuda que tiene Peña Nieto con las mujeres es
el caso Atenco, que actualmente es sometido al escrutinio de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El caso Atenco también será expuesto en el comité CEDAW, y como Peña
Nieto asumió la responsabilidad del operativo, en la Universidad
Iberoamericana, va a tener que rendir cuentas ante los mecanismos
internacionales, puntualizó Ramírez, también integrante de la Mesa de
Mujeres de Ciudad Juárez y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos.
En su oportunidad, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus
siglas en inglés), señaló al gobierno de Felipe Calderón como “un
desastre para los derechos humanos y la lucha contra la violencia a las
mujeres”.
Explicó que al declarar la guerra contra el narcotráfico, las mujeres
se convirtieron en uno de los sectores más vulnerables, presas tanto de
los cárteles del narcotráfico como de las fuerzas armadas y de las
corporaciones policiacas.
Ulloa adelantó que el informe que presentará al CEDAW resalta que de
2005 a 2011 la trata de mujeres y niñas se ha incrementado de manera
preocupante, y que en estados controlados por los cárteles del
narcotráfico se secuestra a niñas de entre 12 y 16 años para
convertirlas en esclavas sexuales, mulas para transportar droga,
“halcones” y sicarias.
“Por lo general, después de un tiempo de esclavitud, las jóvenes son
asesinadas, desfiguradas del rostro, descuartizadas y decapitadas para
impedir su identificación”, añadió.
La activista resaltó que CATWLAC litiga 45 casos con esas
características y que los estados con mayor incidencia de este tipo de
violencia son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana
Roo y Chiapas, principalmente, seguidos por los estados de Guerrero y
Sinaloa, y de forma incipiente en Baja California Sur.
Del otro lado de la moneda, agregó, se ha registrado un incremento de
violaciones sexuales, prostitución y embarazos en adolescentes en las
zonas ocupadas por fuerzas armadas, sobre todo en Chihuahua, Michoacán,
Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Añadió:
“En Apodaca hay 115 jovencitas desaparecidas a partir de la ocupación
militar, además de que tenemos casos de mujeres que son detenidas,
junto con presuntos delincuentes, y que llegan violadas sexualmente por
las autoridades a las instalaciones de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Hay un
incremento de entre 25% y 50% de fenómenos asociados con la trata, donde
se llevan a cabo operativos conjuntos. Eso es un hecho irrefutable”.
Ulloa subrayó que en los últimos cinco años, 25 mil mujeres fueron
sepultadas en fosas comunes como consecuencia de la falta de protocolos
para identificación de cadáveres y bases de datos de desaparecidas.
Sobre el incremento de los feminicidios y desapariciones, María de la
Luz Estrada agregó que de acuerdo con informes de la ONU, de 2007 a
2009 la tasa de feminicidios aumentó en promedio 68% en el país, en
tanto que en nueve estados (Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana
Roo, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Veracruz) que
proporcionaron información al Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, 3 mil 149 mujeres se reportaron como desaparecidas de 2010 a
2011.
En el caso de Veracruz, apuntó, en los últimos cinco años se
contabilizaron 5 mil mujeres desaparecidas, de las cuales sólo se
esclareció el paradero de 800.
“Hay que alertar en que hay estados en los que los feminicidios
crecieron de forma alarmante. Por ejemplo, en Nuevo León fue de 298% en
los últimos dos años. Los principales incrementos se dan en Sinaloa,
Chihuahua y Estado de México, y cabe destacar que en el 60% de los casos
se desconoce al agresor, por lo que quedan en total impunidad”, dijo
Estrada.
Regina Tamés, del Grupo de Información de Reproducción Elegida
(GIRE), adelantó datos sobre la situación de los derechos reproductivos
de niñas, adolescentes y mujeres en México, entre ellos la prevalencia
de la mortalidad materna con niveles de 51.5 decesos por cada 100 mil
nacimientos.
Presentó, además, un índice preocupante de embarazos entre menores de
edad, de 26.8%, como consecuencia de la eliminación de la educación
sexual en los programas escolares; la discriminación contra 50 mil
mujeres portadoras de VIH, y la preocupante tendencia a criminalizar a
las mujeres por abortar.
Sobre el último tema, informó que GIRE registró en el último año 15
procesos contra mujeres por aborto en los estados de Puebla, Estado de
México, Hidalgo, Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí y
Michoacán.
Otro asunto de preocupación de las organizaciones de mujeres es el
que tiene que ver con la violencia hacia defensoras de derechos humanos y
periodistas.
Jessica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, recordó que de 2005 a
2012 fueron asesinadas 13 mujeres periodistas y más de 100 han
denunciado algún tipo de violencia en su labor, en tanto que de
diciembre de 2010 a diciembre de 2011, 11 defensoras de derechos humanos
fueron asesinadas.
Las defensoras resaltaron que los temas que las organizaciones
civiles llevaran al comité CEDAW versarán sobre la crisis de seguridad y
violencia de género, situación de defensoras y periodistas, acceso a la
justicia, derechos reproductivos, trata y explotación sexual, derechos
políticos, educación, feminicidio, seguimiento de recomendaciones y así
como derechos laborales.