Pese a que la PGR liberó a los 5 escoltas de AMLO detenidos por el ejército en Sinaloa tras demostrar que sí tienen permiso para portar armas y establecer que nunca violaron ninguna ley, la SEDENA emitió un comunicado en el cual pretendenden acusarlos de irregularidades, dio a conocer El Universal.
De acuerdo con el comunicado, los escoltas violaron la ley al portar armas que supuestamente sólo se pueden usar en el Distrito Federal. Sin embargo, la SEDENA cayó en una contradicción ya que los mismos escoltas habían pasado con anterioridad por retenes del ejército y nunca se les reclamó por la portación de armas. No sólo eso, sino que además la PGR permitió la liberación de los escoltas tras confirmar que tienen todos los permisos requeridos para portar armas.
Es decir, sin darse cuenta, la SEDENA acusa a la PGR de liberar a los escoltas pese a que los acusa de presuntamente violar la ley.
La contradicción es aún mayor si se considera que según la SEDENA, los escoltas violaron la ley al portar fuera del DF pistolas 9 milímetros, ya que solamente pueden salir del DF las pistolas calibre .380. Pero resultó que la razón por la cual el ejército ordenó el arresto de los 5 escoltas fue porque uno de ellos no portaba el permiso requerido para portar una pistola .380.
Es decir, la SEDENA cambió su argumento para el arresto en el comunicado, lo cual hizo ver a la SEDENA como empecinada en encontrar algún acto ilegal en las escoltas de AMLO cuando en realidad nunca lo hubo.
El incidente ha sido visto como un acto arbitrario de represión en contra del movimiento lopezobradorista al inicio del año alectoral.
No es la primera vez que el ejército emite un comunicado para tratar de justificar un acto arbitrario con alegatos legaloides. Luego de que en 2008 el EMP secuestrara y remitiera al MP al estudiante Andrés Gómez simplemente por gritarle "¡Espurio!" a Felipe Calderón, el EMP, que depende de la SEDENA, emitió un comunicado en el que alegó que se le arrestó--pese a que el ejército no tiene autoridad para arrestar a civiles--amparándose en una ley que alega que se atentó contra el orden público. Es decir, la SEDENA trató de justificar un acto de represión con argumentos legaloides que no se podían sostener.
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