Implican a Monex en operaciones de lavado de dinero del narco

Desde el año 2003, Grupo Financiero Monex ha estado involucrado en investigaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico entre México, Estados Unidos y España, publicó el sábado el diario Reforma.
Esta semana,  la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha requerido información a Monex referente a la expedición de monederos electrónicos que presuntamente fueron utilizados para comprar votos a favor del PRI durante la elección presidencial del 1 de julio.
En una investigación llamada Marca a Monex negro historial, la publicación subraya que desde  el 2003 se relacionó a “Monex Divisas”  con los principales operadores financieros del cártel mexicano de los Arellano Félix. Tres años más tarde, un cártel colombiano- el Cártel del Valle del Norte- presuntamente utilizó al corporativo para lavar grandes cantidades de dinero por la venta de cocaína en Europa.
En 2006, según la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/284/2004, un grupo de colombianos, que pertenecían al citado cártel, utilizó esa institución, junto con otras casas de cambio, para mover el dinero.
“Se tiene comprobado que a través de las cuentas de dichas sociedades se han efectuado ingresos en efectivo con las mismas características antes dichas, por importe superior a los 78 millones de euros (…) Los beneficiarios eran en su mayoría tres casas de cambio radicadas en México (‘Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V.’; ‘Monex Divisa, S. A. de C. V.’; e ‘Intercam Casa de Cambio, S. A. de C. V.’)”, apunta el diario citando un informe remitido a la PGR por la Policía Nacional española.
Luego, en 2007, el ciudadano chino, naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, manejó varios desvíos a través de Monex, para tratar de ocultar ganancias que obtenía a través de la importación y comercialización ilegal de pseudoefedrina.
En 2008, autoridades españolas, adelantaron a México que el Cártel de los Beltrán Leyva, había realizado  operaciones de cambio por 78 millones de euros con  Monex Casa de Bolsa y Monex Divisas, así como por Intercam Casa de Cambio.
En este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, inició investigaciones en contra de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, por presuntamente  haber realizado operaciones por 7.2 millones de dólares, con entidades financieras, incluidas, Monex.

(Con información del periódico Reforma)

La amenazante trama corrupta de Enrique Peña Nieto

JESUSA CERVANTES, JESÚS ESQUIVEL Y JENARO VILLAMIL

La demanda por el delito de “conspiración para defraudar” interpuesta en Estados Unidos contra colaboradores del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto desnuda una compleja trama corrupta –en la que incluso habrían tomado parte los cárteles de la droga– que amenaza la campaña del candidato priista. Entrevistado por Proceso, el demandante, el mexicano-estadunidense José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa Frontera Television Network, no sólo ratifica sus acusaciones; también anuncia que ampliará los términos de su demanda, luego de haber sido desacreditado públicamente por los peñanietistas Luis Videgaray y Roberto Calleja.

Un nuevo frente de conflicto se abrió para el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ya que sus principales operadores políticos y mediáticos  –Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava, Roberto Calleja y Edwin Lino– están demandados ante una corte federal de Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de “conspiración para defraudar” a un empresario mexicano-estadunidense y utilizar sus documentos para justificar gastos millonarios de la campaña.

El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de dólares, que presuntamente provendrían del narcotráfico y de otros “amigos” del PRI, según le hicieron saber posteriormente para intimidarlo.

A las investigaciones emprendidas desde Estados Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres exgobernadores del PRI (Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fidel Herrera) se suma esta demanda civil presentada el 7 de junio pasado por José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino y propietario de la empresa Frontera Television Network (FTN), a quien –como él ha relatado– los priistas contactaron en noviembre de 2011 para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.

Aquino sostiene que FTN perdió 15 millones de dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la documentación de su empresa, los acusados no le entregaron los fondos para operar ni le devolvieron los papeles originales. Cuando exigió a los acusados que cumplieran el trato o lo cancelaran debidamente, éstos lo amenazaron y le dijeron que “más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido porque de lo contrario su vida estaría en peligro”.

En la página tres de la demanda EDCV12-920-VAP (DTBx), presentada ante la corte federal con sede en la ciudad de Riverside se lee: “Frontera Television Network, por medio de sus agentes autorizados, fue amenazada. Se les indicó que el dinero se originó y fue transferido (a la campaña de Peña Nieto) por compañías que pertenecen a los cárteles de la droga”.

Entrevistado vía telefónica por Proceso, después que el escándalo detonara en el noticiero radiofónico Carmen Aristegui en MVS, Aquino se congratula: “Gracias a Dios, a la virgen de Guadalupe, les pedí que el contrato tenía que ser bajo las reglas del estado de California. Por eso los he podido demandar”.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)

Duda EEUU de Peña Nieto en combate al narco por posible nexo del PRI con el crimen: NYT

Gabriel Rodríguez

Políticos estadounidenses han expresado su preocupación ante un posible viraje en la estrategia contra el crimen organizado de México tras la elección presidencial del próximo 1 de julio y otros dudan del compromiso del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, para combatir a la delincuencia ante las acusaciones de nexos con el narcotráfico que pesan sobre algunos ex gobernadores del PRI.

De los tres candidatos, para los políticos estadounidenses consultados por The New York Times Peña Nieto es quien despierta mayores preocupaciones sobre el compromiso que tendrá para combatir al crimen organizado, debido a que ex gobernadores de su partido, como Tomás Yarrington, han sido ligados recientemente con el crimen organizado.

The New York Times resalta que los críticos del PRI sostienen que ese partido ha pactado con narcotraficantes y sostiene que su caída en las encuestas también tiene que ver con los señalamientos de posibles nexos con el crimen organizado.

Sin embargo Peña Nieto dijo en entrevista con el diario que él representa el rostro fresco del PRI e incluso reveló que él nunca ha probado alguna droga ilícita. También señaló que otros partidos han tenido su cuota de manzanas podridas.

Pese a la defensa que hace Peña Nieto, el diario sostiene que “su mensaje de un nuevo PRI ha sido socavado por las noticias -que se publican casi a diario- sobre ex gobernadores priistas acusados de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado”.

Adivinanza

La gangrena de Peña

Raymundo Riva Palacio I 28/05/2012 ,12:00 am

Muy lento y muy tarde. Así ha sido el deslinde del candidato Enrique Peña Nieto y del PRI del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, a quien se le  acumulan acusaciones en un tribunal federal en Texas por su presunta relación con el narcotráfico. La amenaza contra Yarrington, su entorno y el de la campaña presidencial, estaba planteada desde finales de enero, cuando la PGR reveló que había expedientes abiertos contra él y otros dos ex mandatarios tamaulipecos, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández. El PRI respondió mecánicamente que la política se estaba judicializando.

En privado, el secretario de Organización Electoral del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, hombre de Peña Nieto en el partido, les exigió que dijeran qué otras sorpresas podrían salir. Cavazos dijo que no había nada que lo involucrara con la delincuencia organizada. Hernández dijo que por un error de su esposa habían comprado una propiedad de cinco millones de pesos con su tarjeta de crédito, lo que despertó el interés en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero que lo había solucionado al pagar los intereses. Yarrington no dijo nada y se fue de México.

Peña Nieto fue a Tamaulipas a levantarle la mano a Cavazos como candidato al Senado, y aunque Hernández no fue nominado a ningún cargo de elección popular, tampoco fue repudiado. Con Yarrington fue diferente. Desde que no aclaró sus posibles culpas, el PRI lo hizo a un lado y Peña Nieto se deslindó. Pero lo hicieron medrosamente y subordinado a la retórica de que el gobierno de Felipe Calderón quería utilizar a la PGR como arma política en la campaña. En el extremo de la cultura primitiva en el PRI, cuando el caso de Yarrington explotó en febrero en Texas, llegaron a sugerir que el gobierno de Estados Unidos estaba interviniendo en las elecciones presidenciales en México.

Ni Peña Nieto ni el PRI leyeron las señales correctamente. A principio de febrero, la DEA detuvo en Texas a Antonio Peña, tras una larga investigación criminal y fiscal, donde lo identificaron como el intermediario entre el jefe del Cártel del Golfo, Jorge Eduardo Costilla, “El Coss”, y el ex líder, Osiel Cárdenas –testigo protegido de la DEA que vive de prisión en prisión en Estados Unidos- con Yarrington. Los acusan también de haber planeado y ejecutado el asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, que confirmó la hipótesis planteada por el presidente Calderón a quien lo sustituyó, su hermano y actual gobernador, Egidio Torre Cantú, que priístas tamaulipecos estaban involucrados en el homicidio.

El PRI y el equipo de Peña Nieto leyeron nuevamente mal esa imputación, y volvieron a racionalizar el mensaje como parte de la judicialización de la política, pese a los antecedentes públicos en México del pasado oscuro de Peña y su relación con Yarrington. Hace unos días se dieron cuenta que estaban equivocados. La fiscalía en Texas acusó por “conducta criminal” a Yarrington, y a su presunto testaferro y lavador de dinero, Fernando Cano Martínez, quien según la DEA, pagó sobornos con dinero de los cárteles tamaulipecos a funcionarios en ese estado cuando menos desde 1998, cuando el gobernador era Cavazos, y Yarrington era su secretario de Finanzas.

Yarrington era un lastre para el PRI mucho antes que la PGR filtrara la investigación en contra de los ex gobernadores y se le empezara a perseguir en Estados Unidos, por los indicios que tenía en el propio partido sobre sus presuntos lazos con el narcotráfico desde su campaña para gobernador –Hernández fue el jefe del comité de financiamiento- y que, en esa vieja cultura priista de la complicidad por pasividad, dejaron pasar en silencio. Mal diagnóstico, mal análisis en su mapa de riesgo y mala reacción, tienen colocado a Peña Nieto y al PRI en una situación comprometedora. La gangrena que les contagió Yarrington sigue corriendo por el organismo de la campaña presidencial y por no haberla cortado a tiempo, los está contaminando. El caso en Texas va a crecer. Las imputaciones a políticos mexicanos, apenas comenzaron.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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