Asesinatos, hostigamiento a familias enteras,
falsas acusaciones, golpes y torturas son cosa de todos los días para
los habitantes de San Felipe, puerto de Baja California que padece a los
soldados de la II Región Militar. En menos de un año los uniformados
han ejecutado extrajudicialmente a dos vecinos sin que hasta la fecha se
les haya castigado. Ante los fallos de la Suprema Corte de Justicia, en
abono del acotamiento al fuero militar, Proceso inicia con este
reportaje una serie de trabajos testimoniales sobre la brutalidad que
ejercen miembros del Ejército mexicano al amparo de la guerra declarada
por Felipe Calderón contra el narcotráfico.
I
SAN
FELIPE, BC.- Enclave en el trasiego de drogas a Estados Unidos, este
pequeño puerto de alrededor de 17 mil habitantes ha sido escenario de
numerosos agravios de militares contra civiles.
En el municipio de
Mexicali y a orillas del Mar de Cortés, a 200 kilómetros de la frontera
con Estados Unidos, San Felipe es un pueblo de pescadores al que suelen
llegar desde Sinaloa lanchas con cargamentos de enervantes. Desde que
el Ejército fue metido en la guerra contra el narcotráfico, elementos de
la II Región Militar resguardan la zona. Su presencia se percibe en
este pequeño puerto desde que se cruza el retén construido como caseta
de cobro en la carretera Mexicali-San Felipe.
Los militares, sin
identificación a la vista, revisan minuciosamente todos los vehículos.
No hay criterios ni protocolos claros en la revisión: pueden tardar 10
minutos o hasta hora y media en hacerlo; o más si alguien protesta,
cuentan quienes frecuentan el tramo carretero.
–¿Cuál es el motivo
de la revisión? –pregunta Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión
Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), al soldado que le
ordena apagar el motor, y a él y a la reportera que bajen del vehículo.
–Es una revisión de rutina con motivo de la Ley de Armas y Explosivos –responde el uniformado con el fusil al hombro.
–Los retenes son inconstitucionales y una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución –revira Ramírez Baena.
–Es una orden del presidente de la República –insiste el soldado.
–El presidente no puede estar por encima de la Constitución –le recuerda el defensor.
–Es
una orden del presidente y nosotros sólo obedecemos –alega el militar,
que no proporciona su nombre “por seguridad” y está determinado a no
dejar pasar al defensor y a la periodista sin revisar palmo a palmo el
vehículo en el que viajan.
Al salir del puerto la revisión se
repite en tanto que otro militar –quien tampoco muestra nombre ni rango
en el uniforme– anota las placas del automóvil y le exige a Ramírez
Baena que diga su nombre, a lo que éste se niega.
En la indefensión
El
de San Felipe es uno de los 42 puestos de control que tiene el Ejército
en la II Región Militar, que comprende Baja California, Baja California
Sur y Sonora y que comanda el general de división Alfonso Duarte
Múgica, ascendido por Felipe Calderón el 19 de febrero de este año, pese
a que contra él hay decenas de denuncias penales por torturas cometidas
en instalaciones a su cargo (Proceso 1847).
Extitular de la
Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH), Ramírez Baena
dice a este semanario que “las violaciones a los derechos humanos
derivadas de la militarización –la otra cara de la guerra contra el
narcotráfico– empezaron en forma alarmante en 2009 en Tijuana; a partir
del segundo semestre de 2010 y más en 2011 los abusos se desplazaron a
Mexicali, Tecate, Ensenada e hicieron crisis en San Felipe”.
De
esta situación tienen conocimiento la PDH, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
así como organizaciones civiles nacionales e internacionales.
“Pero
el Ejército, y en particular Duarte, que tiene el control de la
seguridad pública de los tres estados de la II Región, es bien visto
mediáticamente; recientemente el general dio un informe de
aseguramientos importantes en Baja California a partir de 2007: 72 mil
millones de pesos, más de 2 millones de kilos de mariguana, casi 7 mil
kilos de cristal, 500 mil kilos de heroína; pero sin el compromiso de
respetar los derechos humanos”, afirma Ramírez Baena.
En mayo
pasado, recuerda, “de las 40 aplicaciones del Protocolo de Estambul
(procedimiento para determinar tortura física y psicológica) que hizo la
CNDH en todo el país, 20 fueron en Baja California”.
Los
bajacalifornianos están indefensos, sostiene Ramírez Baena, quien ha
confirmado que “si el C-4 –que atiende llamadas de emergencia– recibe
una denuncia por un allanamiento o por un cateo ilegal, por una
detención arbitraria en la que esté involucrado el Ejército o haya
presencia de vehículos militares u hombres encapuchados vestidos de
negro, tiene instrucciones de no intervenir”.
El tema de los
derechos humanos no le preocupa a Duarte. El 27 de julio los medios
locales reportaron que al salir de la reunión del Consejo Estatal de
Seguridad Pública en Mexicali, el general dio respuesta a las cifras
presentadas por la delegada de la CNDH en Tijuana, Gabriela Navarro,
quien dos días antes había informado que en 2011 su oficina tuvo 117
quejas contra elementos castrenses y en los primeros siete meses de 2012
llevaba 103.
“Son ínfimas las quejas que se tienen en comparación
con la cantidad de operaciones, que son millones en estos cinco años,
frente a 656 quejas de derechos humanos y seis recomendaciones (de la
CNDH)”, declaró Duarte.
Los pobladores de San Felipe se ven
tensos. Las secuelas de la militarización traducidas en historias de
abusos, tortura y muerte se cuentan en voz baja. En la conferencia del
27 de julio con medios locales, Duarte dijo que hay 36 quejas en la
CNDH contra sus soldados destacamentados en este puerto; muchas de ellas
están relacionadas con detenciones por supuesta posesión de droga.
Las
víctimas de abusos confían a la reportera que algunos adictos trabajan
para los militares a cambio de dosis o dinero: señalan domicilios donde
presuntamente venden enervantes. A ellos se les atribuyen las “llamadas
anónimas” que llevan a la tropa a catear casas ilegalmente.
Personas
que han sido torturadas en el cuartel para que se acusen de vender
drogas aseguran que mandos castrenses les ofrecieron protección si
aceptan trabajar para ellos.
“Si trabajas conmigo y vendes mi
droga, nada te va a faltar; vas a tener carro, dinero y quitas del
camino a quien quieras”, narra una fuente con base en lo que le dijo un
teniente. Esta persona, que pidió el anonimato, fue detenida en su
domicilio y entregada al Ministerio Público federal “cargada” de
cristal, pero fue puesta en libertad al comprobarse su inocencia.
Ramírez
Baena apunta: “El Poder Judicial de la federación ya advirtió el juego
del Ejército y desde 2011 las personas acusadas ilegalmente y torturadas
son liberadas después de estar en prisión unos tres meses. Lo
inconcebible es que el Ministerio Público federal, que conoce esta
situación, consigne a las personas inocentes”.
Asesinato del “Yei”
La
muerte del pescador Francisco Ismael Ortiz Bon, cuyo cuerpo fue hallado
en una Hummer el pasado 17 de mayo, es el más reciente de los abusos
militares en San Felipe. La indignación hizo que los habitantes del
puerto se movilizaran el 19 de mayo, día en que aquél fue sepultado.
“Justicia.
No somos perros” y “El Ejercito haora asecina. Que no es para cuidar”
(sic) decían las pancartas que llevaron los dolientes la tarde en que
enterraron a Francisco Ismael (sus amigos le decían El Yei) y que luego
fueron colocadas en la reja de la casa de María Elena Iriqui, su viuda.
La
versión oficial –difundida por el encargado de la Subprocuraduría
contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia
de Baja California, Miguel Ángel Guerrero Castro– señala que a las 2:30
de la mañana del 17 de mayo un convoy del Ejército detuvo a Ortiz Bon
cuando éste trataba de huir por calles del puerto.
Según el parte
militar retomado por Guerrero Castro, Ortiz Bon traía “153 envoltorios
de ice, dos de heroína y cuatro de cristal”, y que al subirlo a la
Hummer “sufrió una convulsión” y murió. El agente del Ministerio Público
Ricardo Villarreal fue informado por los militares tres horas y media
después de los hechos.
María Elena Iriqui narra a Proceso lo que
ocurrió: “Entre las dos y dos y media de la mañana llegaron los
militares, tumbaron las puertas y cuando abrimos los ojos ya los
teníamos encima; a mi domicilio entraron cuatro, pero afuera, en la
calle, había más en una Hummer y en una Windstar gris; a punta de
groserías se dirigieron a mi esposo: ‘¡Levántate hijo de tu puta madre!’
Lo sacaron de la cama en bóxers y calcetas”.
La casa de María
Elena tiene sólo dos cuartos: recámara y cocina. En ésta tres soldados
golpearon al Yei con los fusiles. “Me pusieron a un militar como
custodio, estaba mi niño de nueve años conmigo; los dos vimos cómo le
pegaban a su papá, lo insultaban y le preguntaban por la droga y él
decía que no sabía de qué le hablaban”.
El militar al mando le
gritó: “¡Así que para golpear policías eres muy bueno, hijo de tu pinche
madre!” Y es que 20 días antes del allanamiento El Yei “no dejó que los
municipales lo subieran a una patrulla”.
Después de golpearlo
durante 15 o 20 minutos, dice María, su marido fue sacado de su casa. A
unos tres metros, desde la ventana de una cámper, su hija mayor, Perla, y
sus nietos de cuatro y seis años atestiguaron las agresiones.
De
tres a siete de la mañana María preguntó por su marido en el cuartel y
en la policía. Todo el tiempo se lo negaron. “Llorando suplicaba a los
militares: ‘¡Díganme si está golpeado o detenido, qué les cuesta, no
sean malos!’ Y me decían: ‘No está aquí, váyase tranquila’. Y yo les
respondía que cómo me voy a ir tranquila si mi esposo está
desaparecido”, recuerda.
A mediodía llegó una hermana de Francisco
Ismael y le informó que el pescador estaba muerto. El acta de defunción
asienta como causa de muerte “asfixia por broncoaspiración”.
La
viuda muestra fotografías del cadáver de su esposo, que al morir tenía
40 años. Pese al maquillaje que asegura le aplicaron en la funeraria, el
rostro del hombre se ve deformado por los golpes; el torso y los brazos
están llenos de hematomas, y en los dedos de los pies se ven unos
puntos morados. “Me dicen que fue por los toques eléctricos”, confía
María.
No era la primera vez que Francisco Ismael era agredido por
los militares. “En tres ocasiones anteriores se metieron a la casa
buscando droga; decían que era por llamadas anónimas y que cada vez que
las hubiera, entrarían”.
En octubre de 2011 su hija Perla Kristel
Ortiz Iriqui interpuso una queja ante la CNDH, con el número
CNDH/5/2011/9371. Tras el crimen, personal de la delegación de la CNDH
acudió a recabar los testimonios de la familia Ortiz Iriqui.
Por
la muerte de Francisco Ismael, Perla y María fueron llamadas a declarar
en las oficinas de la PGR en Mexicali, donde está integrada la
averiguación previa AP/PGR/BC/73/2012-MU.
En días recientes, dice
la viuda, recibió la visita de la subprocuradora de Derechos Humanos de
la delegación de la PGR, María García Alba Idañarte, quien le ofreció
atención psicológica a ella y su familia.
Además, sin recordar la
fecha exacta, María cuenta que en julio fue visitada por un teniente y
un coronel, cuyos nombres no recuerda, quienes se disculparon por la
muerte de su marido y ofrecieron una “reparación del daño”, así como
gestionar con el gobierno de Baja California becas para su hijo y uno de
sus nietos.
A más de tres meses de la muerte de su esposo, con
quien vivió 25 años, María Elena Iriqui no tiene copia de la
averiguación previa ni sabe si los responsables están siendo procesados.
La ejecución de Audelo
El
20 de agosto de 2011 los habitantes de San Felipe se enteraron de la
ejecución de Guillermo Audelo Murrieta, soldador, pescador y mecánico.
El
caso fue remitido al fuero militar el 13 de septiembre de 2011 y desde
noviembre de ese año, a solicitud de la CCDH, le da seguimiento el
relator especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns.
Entrevistadas
por Proceso, Nidia Sofía y Brenya Janeth Audelo Amador, hijas de la
víctima, hacen un recuento de la complicada trama.
Las jóvenes, de
23 y 22 años respectivamente, cuentan que su padre se confrontó con el
cabo Pedro Guadalupe Pérez García, quien se negó a reconocer al hijo que
tuvo con Nidia, su expareja; la confrontación fue después con el
teniente Javier Luciano Aquino, quien empezó hostigando a la familia
para apoyar al cabo y terminó acosando sexualmente a la esposa de
Guillermo, Imelda Amador.
El acoso militar empezó por las
revisiones a Guillermo Audelo y a su automóvil al cruzar el retén; luego
fue cada vez que pasaba frente a un vehículo militar en las calles de
San Felipe; después vinieron los allanamientos a su casa y las de sus
familiares; luego, la detención de sus hijos, a los que torturaron en el
cuartel y una acusación de narcomenudista contra su esposa… y al final
vino la muerte.
El 1 de mayo de 2011 Nidia interpuso una queja
ante la PDH que fue remitida a la CNDH dos días después; el 30 de junio
de ese año el organismo estatal pidió al nacional medidas cautelares
para Nidia y su familia ante el hostigamiento constante.
Además de
Luciano Aquino, quien “la Sedena niega que exista”, Nidia identifica
como responsable del acoso al teniente Gonzalo Varela del Rincón,
apodado Malandro, Pega Duro y El Sapo. Afirma Nidia: “Es el que ha
golpeado a toda la gente de San Felipe, es un psicópata; dicen que está
en la cárcel, pero tenemos información de que sigue aquí en el cuartel”.
La
madrugada del 19 de agosto del año pasado Imelda Amador fue sacada de
su domicilio por un piquete de militares, acusada de posesión de 13
envoltorios de ice; fue llevada a Tijuana y su proceso todavía sigue,
aunque ella está libre bajo caución.
La mañana siguiente Brenya se
enteró de un supuesto enfrentamiento entre miembros del Ejército y
presuntos narcotraficantes en el hotel Alborada, donde sabía que estaba
hospedado Audelo Murrieta con los hermanos Julio César y Lorenzo Antonio
Ruiz Lara, a quienes les reparaba una camioneta.
Acudió al lugar y ahí supo que la única víctima era su padre.
La
versión oficial dice que los militares acudieron al hotel por una
llamada anónima; que a las 5:30 llegaron al lugar, detuvieron a los
hermanos Ruiz Lara con armas cortas y 38.3 gramos de cristal; que
escondido bajo una de las camas estaba Guillermo Audelo, que atacó al
cabo Marcelo Luna Contreras, quien lo había descubierto y quien accionó
su arma “produciéndole al civil una herida mortal a la altura de la
región infraclavicular derecha, misma que le provocó la muerte”.
Visitadores
de la CNDH inspeccionaron el cuarto donde mataron a Guillermo Audelo y
confirmaron que bajo la cama no cabe una persona de complexión regular,
en tanto que en el acta de defunción se asentó como causa de muerte
“herida penetrante de tórax producida por arma de fuego de alto
calibre”.
Con el apoyo de la CCDH y la CNDH Nidia pidió que se exhumara el cuerpo de su padre para practicarle una nueva necropsia.
“La
Procuraduría Militar que lleva el caso se negó, a pesar de que hay
razones para pensar que mi papá no murió como ellos dicen, porque he
investigado y su herida no era mortal, le dispararon por atrás y ni
siquiera tocó el pulmón, sólo le rompió la clavícula derecha; el del
Semefo de Mexicali (Francisco Acuña Campa) dijo que el balazo que le
dieron había sido a menos de tres metros.”
Las declaraciones de los hermanos Ruiz Lara rendidas ante el juez de su causa sostienen la sospecha de la familia Audelo Amador.
En
la declaración ante el juez federal –integrada en el expediente
355/2011-5– los hermanos Ruiz afirmaron que militares vestidos de civil y
con pasamontañas sacaron a los tres (Julio César, Lorenzo Antonio y
Guillermo) por la fuerza de las habitaciones 113 y 114 en las que
descansaban; les amarraron las manos, los obligaron a hincarse y los
encapucharon.
“Los hermanos advirtieron que los militares metieron
a Guillermo en un cuarto y escucharon sus lamentos. Los Ruiz Lara
fueron sacados del hotel y escucharon una detonación antes de que el
vehículo en el que los subieron arrancara.”
Declararon que fueron
torturados en el cuartel de San Felipe con descargas eléctricas y golpes
en los costados y la cabeza. Los interrogaban sobre una persona apodada
La Yegua y después los golpeaban para que sostuvieran la versión
militar: que Audelo atacó a un soldado y éste repelió la agresión.
Los
Ruiz fueron absueltos días después por falta de pruebas, pero el
hostigamiento militar no acabó. Julio César, Lorenzo Antonio y José
Alonso Ruiz Lara fueron detenidos por militares en cinco, dos y tres
ocasiones respectivamente, llevados al cuartel militar, torturados y
consignados a juzgados de Distrito por posesión de drogas y armas. Cada
vez fueron declarados inocentes por falta de pruebas y por las huellas
de los abusos. Y nunca se ha procesado a los militares responsables.
El 13 de noviembre de 2011 Jesús Manuel Moreno, hermano de Imelda Amador, murió quemado en la cámper en la que vivía.
Ese
mismo día, al domicilio de José Alonso Ruiz Lara llegó un anónimo
singular: en una hoja estaban dibujadas tres cruces, una con el nombre
de Guillermo Audelo, otra con el de Manuel Moreno y una más con el suyo.
Este
año fue detenido el actual esposo de Nidia, Miqueas Mendoza Romero; fue
trasladado a la oficina de la PGR en Mexicali supuestamente por
transportar seis dosis de cristal. “Vendí hasta la ropa de mis hijos
para conseguir 6 mil pesos que me pidió el Ministerio Público para
sacarlo, pero no me dio comprobante”.
Apoyada por Ramírez Baena y
el diputado perredista local Francisco Sánchez Corona, Nidia logró que
en septiembre de 2011 el Congreso de Baja California exhortara a Felipe
Calderón a investigar “las denuncias en contra del personal militar que
sirve en la plaza del puerto de San Felipe, Baja California, por
violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos y la seguridad
jurídica en contra de vecinos del citado puerto”; en específico, el caso
de la muerte de Guillermo Audelo y los hostigamientos a su familia.
Para
Nidia el tormento no acaba. Cada vez que pasa por el retén militar ella
y su vehículo son revisados exhaustivamente. “Una vez iba a Mexicali a
una conferencia de prensa y me retuvieron hora y media; otra, iba a una
audiencia al juzgado y fueron una hora y 20 minutos. Le pregunté a un
soldado por qué tardaban tanto en revisarme y me dijo: ‘Levántate más
temprano para que no se te haga tarde’”.
(En la siguiente edición: El anciano “narco” muerto a golpes)
