El gobernador Guillermo Padrés Elías y la bancada del PAN contaron con el “silencio cómplice” de sus opositores en el Congreso para establecer en Sonora el nuevo impuesto a la tenencia vehicular.
Fue en la sesión extraordinaria del pasado viernes 3 de agosto cuando sin mediar lecturas y por la “vía rápida”, la mayoría del pleno legislativo aprobó el dictamen que contenía modificaciones a diversas leyes fiscales del Estado entre las que se encontraba la creación de este gravamen que ya había sido derogado por la Cámara de Diputados a petición del Presidente Felipe Calderón.
Con la publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado del Decreto número 187 que reforma, deroga y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, el Código Fiscal,
Ley Hacienda Municipal y la Ley de Alcoholes, a partir del 1 de enero
del 2013 entra en vigor la facultad del gobierno para gravar la tenencia
y uso de vehículos (incluidos pick-ups) en territorio sonorense.
Bajo
la denominación de Impuesto Especial para el Fortalecimiento a la
Infraestructura Municipal, la nueva carga impositiva que establece la
legislación hacendaria –con tasas similares a la desaparecida tenencia
federal- podría hacerse efectiva en caso de que así lo considere el
Ejecutivo en su proyecto de ingresos y lo apruebe la (próxima)
Legislatura.
Como se recordará, la propuesta original del
gobernador Padrés de incluir en la Ley y el Presupuesto de Ingresos de
este año el cobro para tenedores de vehículos cuyo valor fuera arriba de
los 200 mil pesos, recibió el rechazo mayoritario de los legisladores
de la alianza PRI, PANAL y PVEM.
La postura aliancista generó un
enconado enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo al grado de no
lograr acuerdo para la aprobación del paquete financiero del presente
ejercicio fiscal anual.
Después de casi ocho meses de “jaloneos”,
el gobernador Padrés aprovechó la fractura de la alianza legislativa y
con los votos del PAN, PANAL, PRD y algunos del PRI y PVEM obtuvo el
aval para imponer el impuesto vehicular que tocará a los futuros
diputados decidir si se cobra o no.
Cabe mencionar que el
resolutivo sancionado por el pleno del Congreso en la sesión del 3 de
agosto cuyo contenido fue arropado con el “silencio cómplice” de casi
todos los legisladores, es totalmente distinto al que se aprobó por las
comisiones unidas de Hacienda y se publicó en la Gaceta Parlamentaria
del 29 de diciembre que, entre otras cosas, planteaba la negativa para
crear un nuevo gravamen, así como evitar que desaparecieran los
fideicomisos municipales que actualmente administran el Impuesto del 2%
al Hospedaje.
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