México espiado por EU en temas de energía y narco, según O’Globo

MÉXICO, D.F. (apro).- México se encuentra incluido en la lista de países espiados por Estados Unidos, publicó el periódico brasileño O Globo.

Según el diario, los servicios de inteligencia estadunidenses se centraron básicamente en el área de “energía” y narcóticos.

Con base en nuevos documentos obtenidos del excontratista de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden, la red de espionaje de Estados Unidos se expandió por toda América Latina y tuvo un especial foco en México, Brasil y Colombia.

“Uno de los aspectos” del espionaje es que “Estados Unidos no se interesaba sólo en asuntos militares”, sino también en “secretos comerciales”, destaca el diario.

De igual manera sostiene que, junto con Brasil y México, otro “blanco prioritario” fue Colombia, donde fueron vigilados “los movimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

De enero a marzo pasados, de acuerdo con los documentos, agentes de la NSA realizaron acciones de espionaje en Latinoamérica usando al menos dos programas: Prism (en el periodo del 2 al 8 de febrero) y Boundless Informant (de enero a marzo).

El primero posibilita el acceso a correos electrónicos, conversaciones on line y llamadas de voz de clientes de empresas como Facebook, Google, You Tube y Microsoft.

En el caso de Boundless Informant, es un programa desarrollado con “socios corporativos” capaces de abrir el acceso hacia comunicaciones internacionales.

O Globo señala que también “fueron espiados en forma constante, aunque con menor intensidad, Venezuela, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Chile, Perú y El Salvador”.

Además, publica mapas que marcan en rojo los países más espiados por la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés), y equiparan a Brasil, Colombia y México con países de gran interés geopolítico para Estados Unidos, como Irak.

El rotativo brasileño revela que así como hubo una “base de espionaje” que operó en Brasilia, también funcionaron otras similares en las ciudades de México, Panamá, Caracas y Bogotá.

Esas cinco bases habrían funcionado hasta 2002 y no existen pruebas de que hayan vuelto a operar desde entonces, añade.

De acuerdo con O Globo, la posibilidad de que las actividades de espionaje desarrolladas en Brasil hayan incluido el rastreo de llamadas telefónicas o de la actividad de los ciudadanos en Internet, ha desatado un escándalo en el país.

No sólo eso, la presidenta Dilma Rousseff adelantó que su gobierno se propone denunciar el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Vamos a presentar la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues uno de los preceptos fundamentales es la garantía de la libertad de expresión, pero también de los derechos individuales, principalmente el de la privacidad, que también está garantizado en nuestra Constitución”, declaró Rousseff.

Añadió:

“Si hubo participación de otros países y de otras empresas que no sean brasileñas, seguramente hay también una violación de soberanía” y “una violación de los derechos humanos”.

No obstante, la presidenta brasileña pidió prudencia para investigar “sin precipitación ni prejuicio”, y aseveró que la posición de Brasil “es muy clara y firme: No estamos de acuerdo, de ninguna manera, con una interferencia de este orden no sólo en Brasil, sino en cualquier otro país”.

Por separado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado anunció que convocará al embajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, para que explique las supuestas actividades de espionaje en el país.

La maldición del TLC

Cuando inicié mi participación en la lucha contra el basurero tóxico  de la empresa española Tec-Med llamado CYTRAR (confinamiento y tratamiento de residuos),  la señal de que la corrupción a que nos sometía el Tratado de Libre Comercio empezaba a rendir frutos, ahí en ese y en otros “confinamientos” del país se entrelazaban vergonzosamente las complicidades entre empresarios y autoridades nacionales y extranjeras, día a día descubríamos más y más corrupción.
Protestamos en la sede de las Naciones Unidas y nos dijeron que ellos no intervenían en políticas internas de los países, era el colmo del cinismo, pero teníamos los argumentos para decirles que había la necesidad de la intervención de las autoridades estadounidenses puesto que los tóxicos provenían entre otro países de EU. Logramos que se ventilara el caso en Suiza ante la comisión de derechos humanos de la ONU, y eso permitió solamente que el caso fuera hecho público, cualquiera podía pedir información a las autoridades mexicanas, lo menos que ganamos con eso es que nos llamaran traidores a la patria por andar de chismosos ante la opinión internacional.
Una ocasión detuvimos a Jeffrey Davidow (embajador de Estados Unidos, con un historial nada halagador), frente a palacio de gobierno de nuestro estado Sonora, nos dijo que enviáramos la denuncia al consulado, así lo hicimos y la respuesta no se hizo esperar, nos pidió aportáramos todas las pruebas  ya que EU no tenía conocimiento de que eso estuviera sucediendo, que las exportaciones de tóxicos a México solo eran de dos empresas nacionales que importaban material para ser reciclado, pero que con gusto revisarían las pruebas que aportáramos, como si ellos no tuvieran a la EPA, la Border Patrol, la CIA y la policía que necesiten para saber que no solo armas pasaban a nuestra patria sino miles de toneladas de tóxicos, a lo que ellos consideran su patio trasero. Obviamente hacer ese trabajo policiaco para nosotros era imposible, pero además resultaría infructuosa cualquier prueba que aportáramos, cuando no quieres enterarte, todo sale sobrando. Esta historia todavía no termina pero para mi fue el inicio de descubrir casi cotidianamente los efectos del TLC tan nefastos para mi país, para mi pueblo.
Diez años después lo más grave ha sido la muerte de 49 niños sonorenses y más de 70 damnificados, más los padres y gran parte de esta sociedad, una herida que no cierra por que solo en México no se encuentran culpables ni responsables de una tragedia tan grande, esto también es fruto de las políticas neoliberales, las indicaciones u órdenes a que someten a nuestras autoridades toda esta serie de acuerdos malditos, que se gestaron a pesar de muchas voces patriotas que se alzaron pero que no fueron escuchadas.
No podemos avanzar porque no se cumple con los mandatos de la Constitución en ninguno de sus artículos para garantizar la paz social, en educación por mencionar uno de los más importantes, ésta cada vez resulta más inaccesible ya no solo a la población más vulnerable, sino a lo que queda de una clase media, y hasta los ricos o que se creen ricos, ya casi solo es accesible a las clases acomodadas, un porcentaje mínimo llegan a las universidades y casi resulta inaccesible ingresar a las preparatorias que supuestamente son gratuitas, las cuotas de admisión aunque para muchos parezca risible son inalcazables  o muy sacrificado para un padre o madre que gana un sueldo que mal alcanza para los más elemental, pagar el examen y la inscripción más los útiles y el transporte es criminal, porque bajo las reglas que impone el neoliberalismo nos imponen un modelo que fracasó en Chile y “los mejores” quedan en las “mejores escuelas”, en base a ese examen los mandan lejos de sus hogares , por lo que tienen que usar transporte que no pueden pagar aunque a nuestro gobernador se le llene la boca anunciando la “gratuidad” del servicio de transporte urbano y en ocasiones dos o tres hermanos quedan en diferentes escuelas, el resultado generalmente desertan miles de estudiantes, y bueno se cumple con el objetivo de esas políticas para que nuestros jóvenes no tengan  educación y garanticen  la mano de obra barata.
La historia de corrupción en nuestro país tal vez no sea menos que la de otros, pero la impunidad reinante es insoportable, la desfachatez de funcionarios desde el presidente de la república hasta el último politiquillo que entra con una mano adelante y otra atrás y sale multimillonario, ha sido la historia de corrupción e  impunidad bajo el cobijo de la protección de las más altas autoridades y por supuesto con el aval de el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la omisión o simulación de la ONU que muestra su  “preocupación” cuando manda a una de sus visitadores a “investigar” y cuyo reporte solo sirve para justificar que velan por nosotros. (No dudo que algunos de los trabajadores especialmente los jóvenes piensen que su trabajo es en serio).
En salud no se diga, la privatización silenciosa pero dolorosa  casi desaparece la medicina social, la medicina pública y se instauró el seguro popular, una mala copia del modelo español, con éste al Sr. Calderón se le hincha el pecho como un pavorreal para presumir su cobertura universal, ¿en verdad creerá lo que dice?, con la misma infraestructura hospitalaria y de médicos registraron a millones de mexicanos que no pueden ser atendidos en los hospitales, por que no cuentan ni con el personal, medicamentos ni la infraestructura necesaria para  atender  a tanto enfermo, se les cobra por exámenes, radiografías y como “no pagan”, pues ahí se reponen con  una serie de estudios que subrogan a los negocios de muchos políticos o de los mismos médicos, sin sonrojo han convertido el espíritu de servicio en un mercado sin principios ni amor al prójimo.
Bueno esto sería interminable, pero ¿tendremos remedio?, ya ven el nuevo fraude electoral ahora con tintes de lavadero, y por supuesto los culpables serán sus villanos favoritos los narcos, sin ponerse a pensar que en este mundo existen los delincuentes y los que deben procurar y administrar la justicia, desgraciadamente ya solo aparece un solo bando el de los primeros, hasta que los hechos demuestren lo contrario.

Rosa María O´Leary
ONG no alineados del Estado de Sonora.

Con EPN como presidente, mujeres corren serios riesgos: activistas

Jueves 12 de julio 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- De confirmarse el nombramiento de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, la vida de las mujeres corre serios riesgos y sus derechos seguirán siendo violados, advirtió la coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.
“Si se confirmara a Peña Nieto (como presidente) tenemos una preocupación, porque en el tema de mujeres fue insensible y vivimos la simulación. Si va a atacar el feminicidio como lo hizo en el Estado de México, la situación de la vida de las mujeres corre graves riesgos”, puntualizó la activista, cuya organización ha documentado miles de feminicidios en el país, además de desapariciones de mujeres y niñas.
En conferencia de prensa para informar sobre la comparecencia del Estado mexicano –el próximo martes 17– ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, Estrada recordó que como gobernador, “Peña Nieto se negó a que se realizara una investigación por parte del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
Además, dijo, “creó una ley contra los feminicidios en la que resulta imposible determinar que existen, porque uno de los requisitos es certificar que el responsable del crimen lo hizo por discriminación, pero el primer problema es que no hay detenidos. Entonces, ¿cómo se va a acreditar ese elemento?”.
Por su parte, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que otra deuda que tiene Peña Nieto con las mujeres es el caso Atenco, que actualmente es sometido al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El caso Atenco también será expuesto en el comité CEDAW, y como Peña Nieto asumió la responsabilidad del operativo, en la Universidad Iberoamericana, va a tener que rendir cuentas ante los mecanismos internacionales, puntualizó Ramírez, también integrante de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos.
En su oportunidad, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), señaló al gobierno de Felipe Calderón como “un desastre para los derechos humanos y la lucha contra la violencia a las mujeres”.
Explicó que al declarar la guerra contra el narcotráfico, las mujeres se convirtieron en uno de los sectores más vulnerables, presas tanto de los cárteles del narcotráfico como de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas.
Ulloa adelantó que el informe que presentará al CEDAW resalta que de 2005 a 2011 la trata de mujeres y niñas se ha incrementado de manera preocupante, y que en estados controlados por los cárteles del narcotráfico se secuestra a niñas de entre 12 y 16 años para convertirlas en esclavas sexuales, mulas para transportar droga, “halcones” y sicarias.
“Por lo general, después de un tiempo de esclavitud, las jóvenes son asesinadas, desfiguradas del rostro, descuartizadas y decapitadas para impedir su identificación”, añadió.
La activista resaltó que CATWLAC litiga 45 casos con esas características y que los estados con mayor incidencia de este tipo de violencia son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas, principalmente, seguidos por los estados de Guerrero y Sinaloa, y de forma incipiente en Baja California Sur.
Del otro lado de la moneda, agregó, se ha registrado un incremento de violaciones sexuales, prostitución y embarazos en adolescentes en las zonas ocupadas por fuerzas armadas, sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Añadió:
“En Apodaca hay 115 jovencitas desaparecidas a partir de la ocupación militar, además de que tenemos casos de mujeres que son detenidas, junto con presuntos delincuentes, y que llegan violadas sexualmente por las autoridades a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Hay un incremento de entre 25% y 50% de fenómenos asociados con la trata, donde se llevan a cabo operativos conjuntos. Eso es un hecho irrefutable”.
Ulloa subrayó que en los últimos cinco años, 25 mil mujeres fueron sepultadas en fosas comunes como consecuencia de la falta de protocolos para identificación de cadáveres y bases de datos de desaparecidas.
Sobre el incremento de los feminicidios y desapariciones, María de la Luz Estrada agregó que de acuerdo con informes de la ONU, de 2007 a 2009 la tasa de feminicidios aumentó en promedio 68% en el país, en tanto que en nueve estados (Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Veracruz) que proporcionaron información al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 3 mil 149 mujeres se reportaron como desaparecidas de 2010 a 2011.
En el caso de Veracruz, apuntó, en los últimos cinco años se contabilizaron 5 mil mujeres desaparecidas, de las cuales sólo se esclareció el paradero de 800.
“Hay que alertar en que hay estados en los que los feminicidios crecieron de forma alarmante. Por ejemplo, en Nuevo León fue de 298% en los últimos dos años. Los principales incrementos se dan en Sinaloa, Chihuahua y Estado de México, y cabe destacar que en el 60% de los casos se desconoce al agresor, por lo que quedan en total impunidad”, dijo Estrada.
Regina Tamés, del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), adelantó datos sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México, entre ellos la prevalencia de la mortalidad materna con niveles de 51.5 decesos por cada 100 mil nacimientos.
Presentó, además, un índice preocupante de embarazos entre menores de edad, de 26.8%, como consecuencia de la eliminación de la educación sexual en los programas escolares; la discriminación contra 50 mil mujeres portadoras de VIH,  y la preocupante tendencia a criminalizar a las mujeres por abortar.
Sobre el último tema, informó que GIRE registró en el último año 15 procesos contra mujeres por aborto en los estados de Puebla,  Estado de México,  Hidalgo, Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí y Michoacán.
Otro asunto de preocupación de las organizaciones de mujeres es el que tiene que ver con la violencia hacia defensoras de derechos humanos y periodistas.
Jessica Sánchez Maya, de Consorcio  Oaxaca, recordó que de 2005 a 2012 fueron asesinadas 13 mujeres periodistas y más de 100 han denunciado algún tipo de violencia en su labor, en tanto que de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, 11 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.
Las defensoras resaltaron que los temas que las organizaciones civiles llevaran al comité CEDAW versarán sobre la crisis de seguridad y violencia de género, situación de defensoras y periodistas, acceso a la justicia, derechos reproductivos, trata y explotación sexual, derechos políticos, educación, feminicidio, seguimiento de recomendaciones y así como derechos laborales.