En plena “guerra” contra el narcotráfico, la Policía Federal desconoce la ubicación de casi 500 armas; compra vehículos de lujo y unidades médicas que no corresponden a su labor, y se muestra incapaz de sustentar la adquisición de armamento, municiones y otros bienes para la seguridad nacional. La institución que encabeza el comisionado Facundo Rosas no pudo solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y ahora podría enfrentar una investigación del Congreso
La Policía Federal (PF) no localizó 462 armas adquiridas durante 2008, señala el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La Dirección General de Instalaciones Estratégicas y de Servicio de la PF –área responsable de la recepción, registro y resguardo de las municiones y armamento– confirmó al órgano de supervisión federal la adquisición de 1 mil 55 armas y municiones por 8 millones 214 mil 100 pesos. Sin embargo, no pudo localizar el 43.8 por ciento de ellas, cuyo costo asciende a 3 millones 296 mil 700 pesos.
“El posible destino de las armas es la delincuencia organizada o común”, lamenta Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
El panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, señala que el problema no es que se pierdan las armas en una acción contra la delincuencia, sino que no se sepa dónde se extraviaron. Explica que ante la pérdida de un arma, se levanta un acta con el número de serie, fecha y nombre del responsable inmediato.
—Solamente hay un atenuante: cuando asaltan, inmovilizan o matan al policía y le quitan el arma. El delito fuerte no es que se pierda, el problema es cuando aparece en un hecho ilícito, pues afecta a la corporación y a quien la perdió. En el caso de estas 462 armas que se están reportando, forzosamente tienen que estar respaldadas: a quién se le perdieron y en qué fecha –señala el senador.
Barrón Cruz, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología, subraya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el ente proveedor de armas para la seguridad pública y nacional, por lo cual debe contar con una base de datos. Además, insiste en que la cantidad monetaria que precisó la ASF en cuanto a la inversión de municiones y armamento es “onerosa”.
La diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, califica de “preocupante” la falta administrativa.
Opacidad, la divisa
De acuerdo con información entregada por la Unidad de Enlace de la PF, durante el ejercicio fiscal de 2008 la dependencia ejerció un presupuesto estimado en 1 mil 200 millones de pesos al año únicamente para gastos de seguridad pública y nacional. Para materiales y suministros se destinaron 760 millones 600 mil pesos. En servicios generales se erogaron 2 mil 186 millones 300 mil. El gasto en premios, recompensas y pensiones de gracia ascendió a 9 millones 700 mil; el de bienes muebles e inmuebles, 646 millones 211 mil; y el de obras públicas, 81 millones 20 mil pesos.
Las municiones y el armamento corrieron a cargo de las partidas presupuestales 2802, “Materiales de seguridad pública”, y 5801, “Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública”, por 31 millones 603 mil 300 pesos y 213 millones 907 mil 800, respectivamente. La ASF requirió las facturas originales; no obstante, de los 245 millones 508 mil 100 pesos declarados a la Cuenta Pública, sólo fueron proporcionadas facturas por 5 millones 851 mil 100 pesos.
La Policía Federal (PF) no localizó 462 armas adquiridas durante 2008, señala el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La Dirección General de Instalaciones Estratégicas y de Servicio de la PF –área responsable de la recepción, registro y resguardo de las municiones y armamento– confirmó al órgano de supervisión federal la adquisición de 1 mil 55 armas y municiones por 8 millones 214 mil 100 pesos. Sin embargo, no pudo localizar el 43.8 por ciento de ellas, cuyo costo asciende a 3 millones 296 mil 700 pesos.
“El posible destino de las armas es la delincuencia organizada o común”, lamenta Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
El panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, señala que el problema no es que se pierdan las armas en una acción contra la delincuencia, sino que no se sepa dónde se extraviaron. Explica que ante la pérdida de un arma, se levanta un acta con el número de serie, fecha y nombre del responsable inmediato.
—Solamente hay un atenuante: cuando asaltan, inmovilizan o matan al policía y le quitan el arma. El delito fuerte no es que se pierda, el problema es cuando aparece en un hecho ilícito, pues afecta a la corporación y a quien la perdió. En el caso de estas 462 armas que se están reportando, forzosamente tienen que estar respaldadas: a quién se le perdieron y en qué fecha –señala el senador.
Barrón Cruz, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología, subraya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el ente proveedor de armas para la seguridad pública y nacional, por lo cual debe contar con una base de datos. Además, insiste en que la cantidad monetaria que precisó la ASF en cuanto a la inversión de municiones y armamento es “onerosa”.
La diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, califica de “preocupante” la falta administrativa.
Opacidad, la divisa
De acuerdo con información entregada por la Unidad de Enlace de la PF, durante el ejercicio fiscal de 2008 la dependencia ejerció un presupuesto estimado en 1 mil 200 millones de pesos al año únicamente para gastos de seguridad pública y nacional. Para materiales y suministros se destinaron 760 millones 600 mil pesos. En servicios generales se erogaron 2 mil 186 millones 300 mil. El gasto en premios, recompensas y pensiones de gracia ascendió a 9 millones 700 mil; el de bienes muebles e inmuebles, 646 millones 211 mil; y el de obras públicas, 81 millones 20 mil pesos.
Las municiones y el armamento corrieron a cargo de las partidas presupuestales 2802, “Materiales de seguridad pública”, y 5801, “Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública”, por 31 millones 603 mil 300 pesos y 213 millones 907 mil 800, respectivamente. La ASF requirió las facturas originales; no obstante, de los 245 millones 508 mil 100 pesos declarados a la Cuenta Pública, sólo fueron proporcionadas facturas por 5 millones 851 mil 100 pesos.
Con el contrato SSP/PFP/CNS/110/2008, firmado el 26 de diciembre de 2008, se adquirieron dos unidades médicas de diagnóstico –quirúrgica y de mastografía– por 60 millones 516 mil 300. A decir delInforme, “no corresponden a fines necesarios para garantizar la seguridad nacional ni son destinados a actividades de seguridad pública nacional”. Los módulos no se han utilizado (su recorrido no supera los 2 mil kilómetros) e incluso sus instrumentos aún están empaquetados.
Ante esto, Incháustegui Romero y Barrón Cruz concuerdan en que la PF no es provisora de servicios de salud. En contraste, el panista González González indica que es una posibilidad de atender al policía que esté herido mientras se transfiere a un hospital y así evitar su muerte.
Al preguntar sobre el desempeño de la PF, la diputada Incháustegui Romero aseveró que “no es satisfactorio respecto de la cantidad de recursos que maneja. No tiene resultados desde el punto de vista del combate a la criminalidad y tampoco de la construcción de instituciones policiales fuertes y capaces de sustentar. El índice delictivo no ha bajado y la policía nos cuesta cada vez más. Creo que es bastante insatisfactorio lo que se ha logrado”.
A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, se solicitó el modelo, tipo y calibre de las armas perdidas, pero la División de Fuerzas Federales de la PF dijo que el requerimiento “devela las características del armamento con que cuenta esta División, y en consecuencia menoscaba y lesiona la capacidad de respuesta ante las acciones de grupos pertenecientes a la delincuencia organizada”, por lo que el archivo se reservó por 10 años.
Se solicitó conocer la posición de la PF por las irregularidades detectadas a través del licenciado Juan Carlos Buenrostro, director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública. Al cierre de esta edición, la PF no emitió ninguna opinión.
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