Alberto Nájar
BBC Mundo, Ciudad de México
Los especialistas coinciden en que México tiene uno de los procesos de
cambio de gobierno más largos y costosos del mundo. Este año, por
ejemplo, el presidente electo Enrique Peña Nieto tiene a su disposición
unos US$11,5 millones para gastar en la forma que su equipo considere
más conveniente.
Es más del doble del dinero que se asignó en 2008 al entonces presidente
electo de Estados Unidos, Barack Obama, quien tuvo recursos públicos
por US$5 millones para preparar su arribo a la Casa Blanca después de
ganar los comicios.El dinero que se destina al llamado proceso de transición
gubernamental causa polémica en México, pues aunque existen algunas
reglas para utilizar estos recursos, la decisión final corresponde al
equipo del presidente electo, le explica a BBC Mundo el periodista
Daniel Lizárraga, autor del libro "La corrupción azul".
Eso provoca una amplia discrecionalidad en el
manejo del presupuesto, insiste. Los decretos para asignar recursos para
el relevo presidencial establecen que debe utilizarse para elaborar el
plan de trabajo del nuevo gobierno, así como para el pago de asesores,
equipo y papelería que se necesite.
Pero en términos reales, para cumplir estas
tareas, son los colaboradores del nuevo mandatario quienes deciden a
quién contratar, los servicios necesarios y el sueldo asignado a sus
empleados.
Es algo que no sólo ocurre en la presidencia
mexicana. Recientemente Juan Sabines, gobernador de Chiapas, uno de los
estados más pobres de México, solicitó un presupuesto de US$384 millones
para el cambio de gobierno en su entidad.
La petición causó revuelo en el país y al final
fue rechazada. Sin embargo, es una muestra de las costumbres políticas
mexicanas.
"Yo le llamo la dote del poder, pues quien gana
tiene garantizada una bolsa de millones de pesos para gastarla
prácticamente en lo que quiere", afirma el periodista.
Edecanes
La falta de controles específicos provoca una escasa supervisión de gastos en la transferencia gubernamental.
Un ejemplo ocurrió hace seis años, cuando el
equipo del entonces presidente electo Felipe Calderón recibió unos US$10
millones para el período de transición.De estos recursos se gastaron cientos de miles de dólares en
restaurantes, estudios de imagen, renta de camionetas blindadas,
tarjetas de negocio y edecanes (mujeres jóvenes que atienden actos
públicos), según documentó Lizárraga en su libro.
Las cuentas entregadas por estos servicios no
fueron satisfactorias para la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
el organismo del Congreso que fiscaliza el gasto de todo el gobierno
mexicano, pues consideró que no se relacionaban con el proceso de
entrega y recepción de la administración pública.
En su momento, la Secretaría de Hacienda,
responsable de entregar el dinero, dijo que los gastos fueron
justificados porque cumplieron con los requisitos fiscales que
establecen las leyes. Al final, las cuentas quedaron sin aclarar.
Eso es parte del problema, apunta Lizárraga. En
términos generales existen tareas designadas por el Congreso para un
adecuado cambio de gobierno, pero la última definición es discrecional.
"¿Un estudio de imagen es necesario para la transición? Yo digo que no,
pero ellos deciden", afirma.
¿Transparencia?
El equipo de Enrique Peña Nieto asegura que no
cobrará salario por sus servicios, ni tampoco rentará oficinas,
camionetas blindadas ni guardias especiales.
"Algunos tendremos que poner de nuestros propios
recursos", le dijo al diario Reforma el vocero del presidente electo,
Eduardo Sánchez.
De hecho, la coordinadora de Derechos Humanos
del equipo de Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu, asegura que todos los
gastos serán debidamente informados. "Estamos comprometidos con la
transparencia de los recursos", asegura.Ahora el equipo del mandatario electo dispone de tres meses para
utilizar los US$11,5 millones y, a diferencia de transiciones
anteriores, existen algunas normas para usar el dinero... Pero sólo en
parte.
Las Reglas de Operación del Fideicomiso de
Transición 2012 del Banco del Ejército (Banjercito), donde se
depositaron los recursos, establece que deberán usarse unos US$307.000
en gastos como renta de oficinas, comunicación, comida y gastos de
oficinas, entre otros.
Pero de los restantes US$11,2 millones no se conocen las condiciones para usarlos.
El gubernamental Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó que todos los gastos y
reglas del proceso de transición fueran publicados en internet.
BBC Mundo intentó consultar el contrato del
Fideicomiso de Transición 2012, que establece el destino completo del
dinero para el actual relevo de gobierno, pero el servidor de internet
de Banjercito respondió que la información no fue encontrada.
Tampoco fue posible conocer las facultades del
comité técnico que administra ese Fideicomiso y que debe autorizar los
gastos efectuados por el equipo de Peña Nieto.
Conocer el balance final del cambio de gobierno
tardará algún tiempo. Según las leyes mexicanas, los gastos del actual
relevo presidencial forman parte del presupuesto fiscal de 2012 que el
Congreso podría revisar en 2013, si la mayoría de los diputados lo
decide.
Y si existen irregularidades, legalmente el
plazo para empezar su investigación iniciará en febrero de 2014. Si la
Auditoría Superior de la Federación encuentra motivo para aplicar
sanciones, el primer paso sería en 2015, y los castigos finales, si se
concretan, podrían aplicarse a partir de 2016.
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