Los culpables a la hoguera

Esteban Martínez Díaz

Entre más pasan los días, los meses y los años, la realidad de la incompetencia para gobernar de los hombres y mujeres del PAN se viene mostrando claramente, lo que da las pruebas suficientes que se requieren para que se vaya del poder en la próxima renovación presidencial.

Los acontecimientos trágicos de Hermosillo, el 5 de junio pasado, que marcaron la muerte de 49 niños y decenas de heridos, algunos en peligro de muerte, marcados para siempre por las heridas de la lumbre que los abrasó en el infierno de la guardería ABC, no deben permanecer impunes.

Las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concluyen que hubo negligencia criminal de parte de los concesionarios de estos “negocios”, concentradas en personas ligadas al poder y prominentes familias empresariales, así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus funcionarios de mayor jerarquía, como es Juan Francisco Molinar Horcasitas, que fuera director de esta dependencia, por más de dos años y medio, quien se declaró inocente de los hechos, después de firmar más de mil 500 contratos con los que subrogaron estos servicios, y después de que sus subordinados efectuaron miles de inspecciones a estas casas de resguardo infantil, por lo que se desprende responsabilidad manifiesta de los hechos del ex director del IMSS, ascendido hace dos meses a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de ser mencionado como el ideólogo más respetable del PAN en estos tiempos.

Los archivos de la guardería muestran el estado deplorable de seguridad en que se encontraba la guardería ABC. En un escrito que merece ser incorporado al expediente de la causa, publicado ayer en Dossier, se dan detalles sobre las condiciones en que se brindaba protección a los niños. Sin alarma de incendio y sin puertas de escape adecuadas, sin servicio médico, sin camas ni muebles suficientes, con los infantes durmiendo en el piso, con un techo altamente inflamable y sin personal suficiente para atender al número de menores de edad que se albergaban ahí, aquel local constituía una trampa de muerte, de infección y de contagio, pues ni siquiera contaba con drenaje eficiente, despidiendo gases malolientes, además de que los alimentos no llenaban los requisitos nutricionales y de higiene que se debían brindar a las criaturas indefensas, cuyas edades variaban de dos meses a cuatro años.

Es claro que el Seguro Social realizó inspecciones y expidió recomendaciones para corregir las fallas, pero no estuvo pendiente de que se cumplieran, mucho menos castigó a los dueños de las concesiones, por lo que la matanza se vino gestando desde años atrás, en un acto de desatención criminal, que debe ser penalizado por las autoridades.

El tiempo de la condena debe de ser en proporción al crimen cometido, cayendo la acción de la justicia sobre los directivos del IMSS, que pretendieron salvar su responsabilidad con la simple declaración de que la guardería cumplía con todas las reglas de seguridad vigentes para un establecimiento de este tipo.

El mismo director del IMSS, Daniel Karam, anunció horas después de la tragedia, que no había delito que perseguir y que el incendio había sido producto de un accidente fortuito, imprevisible y, por tanto, inevitable.

En la misma polla se encuentra el ex director del Seguro Social, Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien todavía en diciembre del 2008, aprobó y firmó la renovación de mil 500 subrogaciones, lo que quiere decir que ya se había verificado el estado físico de las instalaciones, sin duda garantes de una permanencia segura de los infantes y de la calidad de los demás servicios inherentes.

Molinar Horcasitas, hoy titular de la SCT, permaneció casi tres años en el IMSS, suficientes para haberse afianzado en la eficiencia y seguridad de estas estancias infantiles. No lo hizo, no pudo o no quiso hacerlo, por lo que condenó a la muerte a cerca de medio centenar de chicos impúberes, y a un número todavía mayor a sufrir secuelas de las lesiones producidas por el fuego, que ameritan servicios médicos permanentes, dejando incapacidades física de por vida.

La CNDH, con respecto al IMSS, “acreditó violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, a la legalidad y seguridad jurídica, derivadas del ejercicio indebido del servicio público por parte de las autoridades del IMSS”.

Esta puntualización, clara y directa, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace evidente e incontrastable las renuncias de Molinar Horcasitas y de Karam al servicio público, con el fin de que enfrenten el juicio penal correspondiente y se haga la justicia que están pidiendo los padres de los niños fallecidos y de los lesionados, conjuntamente con la sociedad sonorense en general.

Si bien, el presidente Calderón afirmó, categórico y decidido, que en este asunto se habría de llegar hasta el fondo, esto no ha sucedido. Los más implicados en este asesinato colectivo, se pasean libres y siguen en sus flamantes cargos. Hacen gala de su impunidad, de sus influencias y de su cercanía con el presidente de la República, con la consiguiente desatención de la PGR a las investigaciones que ligan a estos dos personajes con los acontecimientos funestos de la guardería ABC, que chocan con el compromiso de llevar a los responsables ante la justicia.

Si Molinar y Karam no dejan los puestos en forma voluntaria, no queda más que la destitución por el jefe de la nación. Por salud pública, el señor presidente debe proceder en esa forma, enviando el mensaje de que habrá justicia, caiga quien caiga. La impunidad no debe de ser la reina del comportamiento de los funcionarios públicos. No se puede levantar y construir una nación con seres indiferentes a los daños que ocasionan y menos cuando pasan por encima de la existencia de pequeños inocentes.

Es tiempo ya que de que se hable claro a los padres de los chiquitines. Es de caricatura esperar que los señores de la Suprema Corte terminen sus vacaciones, en sus cómodos sillones de la ociosidad, en playas doradas, en tanto abandonan su ejercicio, su deber y sus obligaciones de fallar en este asunto que no merece ser archivado, como asunto total y definitivamente terminado por los ciudadanos mejor pagados de la nación y a quienes se les llama y se les conoce como la conciencia de la patria, por su edad, sus conocimientos, y su refrendada intención de permanecer en los puestos por la sécula seculórum…

Correo electrónico: esteban.emartinez@gmail.com

México, D. F., Julio 31 del 2009.