PARTE I DE II
La maquinaria y entramado de complicidades entre empresarios, funcionarios de PEMEX y del Ejecutivo que se están beneficiando de la privatización de la actividad petrolera, está en plena operación.
Esto ocurre cuando trabajadores se atreven a expresarse con objetividad sobre decisiones técnicas perjudiciales al patrimonio energético y natural, quienes exigen una explotación racional del recurso petrolero, el respeto a los derechos del trabajador o quienes denuncian casos de corrupción en los que se descubre públicamente a empresarios cabeza de oligopolios o funcionarios y políticos del más alto nivel.
Este acto de responsabilidad y civismo, este cumplimiento cabal de la Ley de Servidores Públicos congruente con el Código de Ética que se firma por quienes laboran en PEMEX, si afecta grandes intereses implica, por lo menos, la pérdida del empleo. El mundo al revés.
Pero no solo se somete a los de dentro. Pueden ser los comunicadores. Ya ocurrió con Carmen Aristegui; ahora ocurre con los admirados periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez Mendoza, editores de la Revista Contralínea y Fortuna. Su delito: ejercer el periodismo con veracidad, imparcialidad y honestidad.
Ellos han publicado investigaciones periodísticas relacionadas con los ilegales negocios y el tráfico de influencias de Felipe Calderón Hinojosa, de su secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, de su secretario particular en la Presidencia José César Nava Vázquez, del director general de PEMEX Jesús Reyes Heroles, del gerente de Comunicación Social de PEMEX Carlos Ramírez Fuentes.
Así fue en febrero de 2008, cuando se publicó una investigación periodística que revelaba el tráfico de influencias, conflicto de intereses y abuso de poder del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño para obtener contratos de la paraestatal Petróleos Mexicanos, en beneficio de su compañía privada Transportes Especializados Ivancar, en el periodo en el cual se desempeñó como coordinador de asesores y subsecretario del entonces secretario de Energía Felipe Calderón Hinojosa, quien se hizo presidente de México mediante un fraude electoral.
ATAQUES ORQUESTADOS POR FUNCIONARIOS, EMPRESARIOS Y JUECES
“Lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro”, amenazó a la reportera Ana Lilia Pérez el gerente de Comunicación Social de Pemex Carlos Ramírez, y días después advirtió que “desde ese momento las revistas Contralínea y Fortuna quedaban fuera de las pautas publicitarias como un castigo por su línea editorial”.
El secretario particular de Calderón, José César Nava Vázquez, ex abogado de PEMEX, solicitó a Miguel Badillo que revelara la fuente de información de donde habían salido los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño.
Otra de las investigaciones publicadas que dio origen al acoso y amenazas en contra de los periodistas se relaciona con beneficios ilegales de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Reguladora de Energía, entre otras dependencias, a favor del consorcio Zeta Gas, financiero de la campaña para presidente de Felipe Calderón. Se trata de una familia de empresarios investigados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) debido a que las autoridades norteamericanas detectaron cocaína en un trailer de su propiedad, que transportaba gas licuado hacia Estados Unidos.
Zeta Gas es un consorcio beneficiario del proceso de desregulaciones promovido por la Comisión Reguladora de Energía. Maneja 80 empresas en México, Centro y Sudamérica y sus accionistas son principalmente la familia Zaragoza: Miguel Zaragoza Fuentes, Miguel Zaragoza López, Jesús Alonso Zaragoza López, Gabriel Zaragoza López, Evangelina López, Myrna Alicia Zaragoza López, Alejandra Zaragoza López, entre otros. Según declaraciones de su director y accionista mayoritario, el presidente Felipe Calderón, su secretario César Nava y el secretario de Gobernación lo han ayudado a mantener el oligopolio del almacenamiento y distribución de gas licuado.
En entrevistas grabadas por la periodista y que fueron publicadas, Jesús Alonso Zaragoza López expuso y mostró información sobre compromisos que tenía con Felipe Calderón para facilitarle sus negocios.
Ana Lilia Pérez no aceptó sobornos para retractarse y como venganza fue denunciada ella y la empresa periodística. Durante las diligencias del juicio, desde principios del 2008, los abogados del consorcio amenazaron a los periodistas: ¡tenemos instrucciones de Jesús Zaragoza de desaparecerlos!, ¡no saben ni con quién se metieron!, ¡el señor Zaragoza tiene mucho dinero y lo vamos a utilizar para desaparecerlos!; seguidas de agresiones físicas que se registrarían en pleno juzgado frente al mismo juez.
En mayo de 2008, el juez falló en contra de los periodistas. El juez señaló que los periodistas no tenían derecho a publicar las entrevistas e incurrió en excesos que favorecen a Jesús Zaragoza dejando a los periodistas indefensos.
En agosto, la empresa naviera Oceanografía, ¡si, la de los hijos de martha!, presentó cinco demandas más en contra de los periodistas acusándolos “de una campaña de difamación”. Ana Lilia recibió una serie de llamadas anónimas advirtiéndole:-Ana Lilia, cuídate, porque Amado (Yánez accionista de la empresa) es un tiburón y los tiburones siempre buscan sangre-.
En septiembre, los magistrados rechazaron el recurso de apelación de los periodistas y fallaron por “unanimidad” a favor del dueño del Grupo Zeta.
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