Como las autoridades no están pudiendo detener a delincuentes cada vez más violentos y peligrosos, están enfocando sus esfuerzos a castigar a inocentes. Los verdaderos criminales son peligrosos. Los inocentes, en cambio, pueden llorar y quejarse; pero no son un riesgo para los políticos o para los policías, que tienen la presión de la sociedad para mostrar resultados en la lucha contra la inseguridad.
Está ahí el ejemplo de Carlos Martínez Neri. ¿De quién se trata?, me preguntará usted. Es un simple radiólogo del Hospital Xoco de la Ciudad de México. Este pasado 27 de septiembre se le encomendó la tarea de sacarle unos rayos X a un presunto secuestrador, Ángel Cisneros Marín, pero éste aprovechó la oportunidad para fugarse.
Tres agentes de la AFI estaban destacados para custodiarlo; pero para la Procuraduría General de la República no fue suficiente consignar a los policías: Había también que procesar al radiólogo, quien cometió el delito de tomar los rayos X que se le encomendaron y procesar las placas correspondientes.
El problema, nos dice la PGR, es que el secuestrador se escapó precisamente cuando el radiólogo procesaba las placas. Pero ¿qué se suponía que hiciera? ¿Dejar de realizar su trabajo para asumir la responsabilidad de los custodios? La verdad es que la PGR ha consignado a un inocente y lo sabe.
En un País en el que los políticos quieren aprovechar para su beneficio la indignación de la población ante la inseguridad, destaca la posición de los diputados del PRI, quienes presentaron esta semana una iniciativa que castigaría no a los secuestradores o a los delincuentes, sino a quienes les alquilen casas que se utilicen en delitos como el secuestro o el “narcomenudeo”.
La filosofía detrás de esta iniciativa es la misma que tiene el gobernante perredista de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien afirma que quienes alquilan viviendas a criminales son corresponsables de los delitos que éstos cometen. “Que se fijen a quién se lo rentan”, dijo notoriamente el 12 de julio.
Yo no dudo que se deba investigar a quien ha alquilado una casa a quien comete un delito: Si hay pruebas de su complicidad, se le debe sancionar. Pero no es aceptable que se castigue en automático a alguien por el simple hecho de alquilar un inmueble a quien viola alguna ley.
La impunidad es una de las razones por las que los mexicanos estamos sufriendo la actual oleada de violencia y delincuencia. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para aclarar los crímenes y castigar a los delincuentes. Pero de nada sirve detener a inocentes en lugar de a delincuentes.
Quizá para la foto ante los medios es importante para la PGR decir que consignó a cuatro personas por permitir la fuga de un presunto secuestrador. Sólo cuando se explica que tres eran custodios de la AFI y el cuarto un radiólogo, al cual se está castigando por haber cumplido con su trabajo como radiólogo, nos damos cuenta de la injusticia que se está cometiendo en su contra.
La iniciativa de los diputados del PRI, que consideraría como miembros de la delincuencia organizada a quienes alquilen inmuebles a bandas de delincuentes, es un paso en el mismo y equivocado camino. Esta ley se aplicaría sólo a aquéllos que no tuvieran un contrato registrado oficialmente, pero aún así la propuesta es cuestionable.
Si una persona no registra un contrato para evadir impuestos o responsabilidades de otro tipo, hay ya leyes que sancionan su conducta. Considerarlo como miembro de la delincuencia organizada por ese solo hecho es engañarnos a nosotros mismos.
Los políticos están tratando de aprovechar para su beneficio la inquietud ciudadana ante la inseguridad, pero de nada sirve mostrar resultados que no son verdaderos. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha realizado expropiaciones en contra de personas y familias a las que ni siquiera se ha acusado de algún delito.
En el barrio de Tepito, en Iztapalapa o en la colonia Nueva Atzacoalco, donde se encontraba la discoteca “News Divine”, el Gobierno capitalino ha despojado a decenas de familias de sus propiedades por el simple hecho de vivir en un inmueble determinado o por ser vecinos de delincuentes.
Las autoridades no se han molestado siquiera en presentar pruebas contra los afectados. Simplemente han recurrido a las expropiaciones, porque saben que éstas en nuestro País no son más que un robo legalizado.
Los mexicanos, sin embargo, tenemos derecho a exigir una verdadera justicia, la cual castigue únicamente a quienes están cometiendo delitos. De nada nos servirá que muchas personas sean consignadas o castigadas si son inocentes. Justicia no es llenar las cárceles con quien sea, sino sancionar a quienes realmente han agraviado a la sociedad.
MIEDO A UNA DEPRESIÓN
El miedo no ha desaparecido. Ayer los mercados bursátiles se desplomaron una vez más, a pesar de que el Senado de Estados Unidos había aprobado un plan de rescate para el sistema financiero la noche anterior.
El temor de los inversionistas es que, independientemente de los esfuerzos que se hagan, pueden quebrar otros bancos importantes y producirse una nueva Gran Depresión. No es imposible que esto ocurra. Muchas de las medidas que han tomado las autoridades de la Unión Americana pueden haber agravado la situación en vez de mejorarla.
Sergio Sarmiento es periodista y analista político/titular del programa La Entrevista.
En Internet: www.sergiosarmiento.com
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