JESUSA CERVANTES, JESÚS ESQUIVEL Y JENARO VILLAMIL
La demanda por el delito de “conspiración para defraudar” interpuesta en Estados Unidos contra colaboradores del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto desnuda una compleja trama corrupta –en la que incluso habrían tomado parte los cárteles de la droga– que amenaza la campaña del candidato priista. Entrevistado por Proceso, el demandante, el mexicano-estadunidense José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa Frontera Television Network, no sólo ratifica sus acusaciones; también anuncia que ampliará los términos de su demanda, luego de haber sido desacreditado públicamente por los peñanietistas Luis Videgaray y Roberto Calleja.
Un nuevo frente de conflicto se abrió para el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ya que sus principales operadores políticos y mediáticos –Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava, Roberto Calleja y Edwin Lino– están demandados ante una corte federal de Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de “conspiración para defraudar” a un empresario mexicano-estadunidense y utilizar sus documentos para justificar gastos millonarios de la campaña.
El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de dólares, que presuntamente provendrían del narcotráfico y de otros “amigos” del PRI, según le hicieron saber posteriormente para intimidarlo.
A las investigaciones emprendidas desde Estados Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres exgobernadores del PRI (Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fidel Herrera) se suma esta demanda civil presentada el 7 de junio pasado por José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino y propietario de la empresa Frontera Television Network (FTN), a quien –como él ha relatado– los priistas contactaron en noviembre de 2011 para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.
Aquino sostiene que FTN perdió 15 millones de dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la documentación de su empresa, los acusados no le entregaron los fondos para operar ni le devolvieron los papeles originales. Cuando exigió a los acusados que cumplieran el trato o lo cancelaran debidamente, éstos lo amenazaron y le dijeron que “más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido porque de lo contrario su vida estaría en peligro”.
En la página tres de la demanda EDCV12-920-VAP (DTBx), presentada ante la corte federal con sede en la ciudad de Riverside se lee: “Frontera Television Network, por medio de sus agentes autorizados, fue amenazada. Se les indicó que el dinero se originó y fue transferido (a la campaña de Peña Nieto) por compañías que pertenecen a los cárteles de la droga”.
Entrevistado vía telefónica por Proceso, después que el escándalo detonara en el noticiero radiofónico Carmen Aristegui en MVS, Aquino se congratula: “Gracias a Dios, a la virgen de Guadalupe, les pedí que el contrato tenía que ser bajo las reglas del estado de California. Por eso los he podido demandar”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)
