Por Alfonso Durazo Montaño
Nada justifica una actitud despectiva hacia un adversario político, mucho menos de un gobernante hacia sus gobernados.
¿A qué extremos hemos llegado cuando un gobernante se atreve a llamar “no bien nacidos” a los ciudadanos que disienten de sus decisiones?
¿Qué degradación ha sufrido nuestra vida política para merecer gobernantes portadores de un discurso fraudulento, que no sólo faltan a la palabra empeñada públicamente, sino que añaden el insulto a quienes les recuerdan sus incumplimientos?
El gobernador Padrés -que hizo campaña sobre su oferta central de no más aumentos en impuestos, tarifas y servicios estatales- envió a finales del año pasado al Congreso local una iniciativa, aprobada ya, en la que propone aumentar de manera significativa los impuestos y las tarifas.
Por supuesto, en las alturas del poder siguen intocados los privilegios y la corrupción.
Particular indignación ha levantado la restitución y aumento de la tenencia vehicular, que muy recientemente había sido eliminada por el PAN como artilugio para lograr votos en las pasadas elecciones federales.
En Sonora, como suele ocurrir en la mayoría de los estados del país, la palabra del gobernador está cada vez más desacreditada. Lo está por la distancia que separan sus dichos de sus hechos; por la profunda contradicción entre sus compromisos de campaña y las acciones de su gobierno.
Podríamos decir que los sonorenses, como muchos mexicanos, estamos ya acostumbrados a que los políticos digamos una cosa y hagamos otra. Pero en este caso, a la injuria se le añadió el insulto.
En una conferencia de prensa ofrecida por el gobernador Padrés para justificar los aumentos fiscales, se refirió a los sonorenses que se oponían a la tenencia como “personas no bien nacidas”.
Y al gobernador le ha salido el tiro por la culata.
La reacción previsible ha sido el aumento de la indignación social, mostrada en el nacimiento de una organización social plural, convocada vía redes, que ha decidido llamarse a sí misma Movimiento de los malnacidos, en alusión a la descalificación grosera que hizo el gobernador de los sonorenses que se oponen al incremento de impuestos.
Por ello, desde esta tribuna expreso mi solidaridad al Movimiento de los malnacidos y sus acciones llenas de energía y creatividad, así como a todos aquellos sonorenses que participan en esta iniciativa ciudadana de defensa de la economía y los intereses sociales.
Los saludamos con la esperanza de que lleven su lucha hasta el final; los saludamos con la convicción de que el cambio social en el país está fundamentalmente en la presión de la calle.
Ni la democracia, ni la lucha contra la corrupción y la impunidad, ni ningún otro faltante en nuestra vida democrática, nos será otorgado por el gobierno, sin importar su signo.
Los saludamos, sobre todo, porque malnacido no es quien se opone a una política de gobierno, sino quien hace exactamente lo contrario de lo que ofreció a los ciudadanos tan sólo para conseguir su voto y llegar al poder.
El 4 de septiembre, Movimiento Ciudadano presentó aquí una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana. Lo hicimos en congruencia con el compromiso de campaña de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es ahorrar 600 mil millones de pesos con reducciones drásticas en el gasto en privilegios para los altos servidores públicos, con la cancelación del despilfarro de recursos en gastos suntuarios e innecesarios, y con un combate a fondo de la corrupción galopante, de las comisiones y las mochadas que parecen ser hoy el PAN de diario de los contratistas y proveedores en Sonora.
Buena parte del problema que vive Sonora tiene que ver con la ausencia de voluntad del gobierno para absorber los costos de la crisis. Sí hay, en cambio, desfachatez para que la sociedad asuma la carga de una gestión pública estatal ineficaz y corrupta.
Esa es la política mal nacida que la sociedad ya no tolera.
Si bien no hay indicadores desglosados a nivel estatal, no olvidemos que, según Transparencia Internacional, México ha empeorado notablemente en materia de corrupción en los últimos años. Actualmente está ubicado en el lugar 100 de 183 países, con una calificación de 3 sobre 10.
Nos codeamos en esa posición con niveles africanos de corrupción.
Con semejantes datos podríamos pensar, no sin razón, que nuestro país es gobernado por una banda de cleptómanos.
Esa es la realidad del país; esa es la realidad de sus estados y municipios.
Comparada con el año pasado, la propuesta de Ley de Ingresos de parte del gobernador de Sonora y su aprobación por el Congreso del Estado, contempla un aumento de 126 por ciento en impuestos y servicios que presta el gobierno.
Este incremento se distribuye entre el pago de la tenencia disfrazada hoy de impuesto de Contribución al Fortalecimiento Municipal, COMUN, expedición de placas de vehículos, revalidación de licencias, cartas de no antecedentes penales, actas de nacimiento y defunción, entre muchos otros.
La sociedad sonorense tendrá que aportar más de 4,000 millones de pesos en este año, cuando el año pasado contribuyo con 2,400 millones de pesos. Este exponencial incremento de impuestos y servicios que presta el gobierno no tiene antecedentes en ningún estado de la República.
Tal es el nivel del desorden financiero gubernamental en Sonora.
El gobernador de Sonora miente cuando deja ver que sin la tenencia disfrazada se vulnera la viabilidad financiera del estado y se comprometen las obras que nuestras comunidades necesitan.
Tal y como expresó Rebeca Villanueva, integrante del movimiento que se opone a estas medidas: “¿Cómo es posible que un 1.8% del presupuesto sea lo que pone en riesgo de quiebra a Sonora?... La lucha es por la transparencia, la honestidad y la responsabilidad en el gobierno; responsabilidad en el ejercicio del 100% del presupuesto del estado y no sólo en ese 1.8% que representa el pretendido impuesto COMUN. Queremos transparencia y honestidad, no la opacidad y discrecionalidad con que usted y sus funcionarios disponen de nuestros recursos.”
Redúzcanse los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios, póngase freno a comisiones y corruptelas, sujétese el presupuesto a un manejo eficaz y eficiente, asúmase la responsabilidad de gobernar y no la molicie de arrojar el peso del desorden sobre la sociedad.
Esa es la propuesta de la sociedad. Exhortamos al gobernador a escuchar el grito de la calle antes de que sea demasiado tarde para la estabilidad institucional del estado.
Muchas gracias por su atención.
Dip. Fed. Alfonso Durazo Montaño
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA OFICINA DEL DIPUTADO FEDERAL
DR. ALFONSO DURAZO MONTAÑO
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