Financiamiento de campañas políticas, protección oficial a Los Zetas, ligas entre grupos priistas y tráfico de drogas, así como una amplia rotación de funcionarios públicos (en su mayoría policías, agentes del Ministerio Público y delegados de la Procuraduría General de la República en varias entidades) “para favorecer los intereses del narcotráfico en el estado de Hidalgo”, son algunas de las acusaciones contenidas en una denuncia de hechos presentada el 11 de marzo 2010 ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario