Estado de los Estados
Lilia Arellano
* Con el incendio de la guardería ABC de Hermosillo se destapan los nexos con el líder del cártel del Golfo
“Los delitos deben ser castigados según el daño infligido a la sociedad”.-
Cesare Beccaria
Del homicidio imprudencial de 48 niños en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, producto de la incompetencia, codicia y falta de ética de las autoridades del IMSS que dirige Daniel Karam, y de los funcionarios estatales del gobierno de Sonora -con un derrotado Eduardo Bours unos días más al frente-, pasamos ahora a encontrar uno de los hilos de la subterránea red que une a las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón con el más poderoso Cártel de la droga del país, el de Sinaloa, cuyo liderazgo lo ejercen sangrientamente Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada” e Ignacio Coronel, y cuyo nexo es precisamente el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.
El coraje de la población sonorense y mexicana en general por este hecho ya llevó a la derrota del PRI en Sonora, y contribuyó a la del PAN a nivel federal. El caso ya tomó dimensiones nacionales por la evidencia concreta de que el servicio social que tiene la obligación el Estado de brindar a las madres y padres trabajadores se convirtió, en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, en un negocio particular en el que han sido beneficiados familiares, amigos, conocidos y cómplices de los representantes de los primeros círculos del poder público a nivel federal y en la gran mayoría, sino es que en todas, las entidades de la República, sin importar su filiación política.
En las guarderías subrogadas se atiende a 2 mil 165 menores; las de menor capacidad registran una población de 140 niños a razón promedio de 2 mil 200 pesos por infante, lo cual les permite recibir más de 300 mil pesos mensuales. La erogación total anual asciende a 80 millones por lo que mensualmente significa la salida de 6.5 millones. Estas cifras convierten a las guarderías en el negocio-pensión de los beneficiados con los contratos, pero aún así ¿no se gasta más Calderón en sus giras? Por lo que es a todas luces inadmisible que los infantes enfrenten situaciones de peligro y muerte como la registrada.
Aunque, la gravedad del asunto que muestra parte de la podredumbre política de nuestro sistema de gobierno es tal, que en un caso inusitado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este lunes ejercer su facultad de atracción para investigar todos los pormenores del siniestro y determinar el grado de responsabilidad de los implicados, tanto del Seguro Social como del gobierno de Sonora. El pleno analizará el proyecto elaborado por el ministro Sergio Valls, lo que podría darle un giro de 180 grados a las indagatorias que llevan tanto la Procuraduría de Justicia sonorense como la Procuraduría General de la República, en quienes los padres de las inocentes víctimas desconfían totalmente.
Privatización
El proceso de privatización de este fundamental servicio tuvo su auge precisamente durante las dos administraciones federales panistas en las cuales fueron otorgadas la mayoría de las concesiones para guarderías subrogadas a familiares, amigos, socios y cómplices de políticos de los tres órdenes de gobierno. Las listas de los dueños de las instancias infantiles que entregó -en cinco discos compactos, 70 mil hojas digitalizadas de los contratos y las actas constitutivas de todas y cada una de los más de mil 500 establecimientos que operan como guarderías subrogadas- el director del IMSS, Daniel Karam, a los legisladores federales no hizo ninguna diferencia entre las que son un negocio y las que funcionan sin fines de lucro, y tuvo como propósito principal salpicar del lodo en el que está hundido este funcionario y ensuciar a quien estuviera a su alcance.
Con todo, la lista es muy interesante porque en forma pareja exhibe que del 2000 al 2008 creció el número de guarderías subrogadas de 757 a mil 412, que fueron a otorgadas a personajes como Tarcisio Calderón, primo de Felipe Calderón; José Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox; Sócrates Velasco Núñez, cuñado del ex presidente Ernesto Zedillo; Juan Carlos Murillo Flores, quien fuera jefe de la Oficina para la Innovación Gubernamental con Vicente Fox; Mónica Borrego Estrada, hermana del ex director del IMSS y ex gobernador de Zacatecas; Rocío Labastida, hija del ex candidato presidencial del PRI y actual senador Francisco Labastida Ochoa; Oscar Medina Plascencia, hermano del ex gobernador panista de la entidad, Carlos Medina Plascencia; Dulce María Riancho, madre de la ex gobernadora y ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho; Eduardo Lacarra Zurita, yerno del actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón; Hugo Guerrero Mier, hermano del ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier; el senador del PAN, Ernesto Saro Boardman; Hilda Arely Narváez Bravo, diputada federal, y muchos, muchos otros más.
Es evidente que se realizó un gran trabajo de maquillaje a esta documentación que les llevó a los funcionarios del IMSS más de un mes de realizar y que tuvo como finalidad tapar intereses de sus jefes y allegados. Más que ayudar a la investigación del caso y trabajar para evitar otra tragedia de tan grandes dimensiones como la ocurrida en la tierra que dejará de gobernar Eduardo Bours, la intención de Daniel Karam, en cumplimiento estricto a las órdenes de Felipe Calderón, es crear desorden y confusión para intentar escapar del hoyo en que se encuentra metido y del que seguramente no saldrá sino como un fiambre político.
Reacción
Las airadas respuestas de los implicados por Karam no se hicieron esperar desde diversos frentes políticos partidistas. De lado del PRI, el ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, quien es uno de los principales operadores de Beatriz Paredes, la dirigente nacional priísta, acusó al funcionario calderonista de haber difundido las listas de las guarderías “de mala fe” y con “fines políticos”, pues dio la información de “ciertos políticos sin aclarar si se trata de guarderías institucionales oficiales, no particulares”, con lo que está “politizando el asunto”. Moreno Peña aceptó que su nombre aparece como “socio fundador” de las “Estancias Infantiles de Colima”, porque era gobernador de esa entidad. Sin embargo, aclaró que no se trató de ninguna subrogación ni concesión para negocio particular.
Desde las gradas del PRD, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, defendió a su secretario de Desarrollo Económico, Nicolás Castañeda Tejeda, quien participa en dos guarderías pero que, aclaró, son del Club Rotario Villas de Guadalupe, organización que trabaja sin fines de lucro. Destacó que no es lo mismo contar con una guardería subrogada para obtener un beneficio personal y en condiciones de inseguridad, que participar en un club como el Rotario y trabajar sin fines de lucro con la gente. Finalmente, acotó que si bien ambas guarderías trabajan con el Seguro Social, no operan bajo el modelo de subrogación.
También la actual dirigente de Inmujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Micher Camarena, acusó a Daniel Karam de ejercer una venganza al incluirla en las listas de quienes tienen guarderías subrogadas del IMSS, y argumentó que eso se debió a que ella fue una de las que denunció algunos negocios irregulares de los hijos de Martha Sahagún, quienes compraron casas subastadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en tres mil pesos. Esta funcionaria dijo que procederá legalmente en contra de quien resulte responsable pues su nombre no debería estar en las listas de Karam.
Por el lado del PAN y ante el “fuego amigo”, Tarcisio Torres Calderón, primo de Felipe Calderón, aceptó su participación en al guardería Sol S. C., pero se defendió al señalar que cuenta con todos los requerimientos de seguridad, exactamente como se dijo que los tenía la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Al estar ante los ojos de la opinión pública, Tarcisio anunció que venderá su parte de la guardería a una de sus socias Rubí Abraham. También Martha Sahagún de Fox, quien ya logró casarse por la iglesia con el ex presidente Vicente Fox, señaló que no tiene relación, ni propiedad sobre ninguna guardería, ni en Guanajuato, ni en ningún otro lugar, pues sus “negocios” son otros.
Todo este salpicadero político seguramente no acabará hasta que se busque otro gran escándalo que envuelva a la actual administración federal que a partir del pasado 5 de julio dejará de gobernar, si alguna vez lo hizo, y tendrá que compartir el pastel completo del botín en el que han convertido a la Federación y las arcas nacionales con otra gran pandilla de gran peso: los priístas.
Prisas
Como ya es casi un hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso de la investigación del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en las oficinas de Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, andan a toda prisa por entregar algún resultado que pudiera valer la pena ante los ojos de la opinión pública y el escrutinio de los ministros de la “tremenda corte”. El cuestionado Medina Mora informó que ya ejercieron acción penal contra nueve personas más, entre ellos servidores del IMSS y particulares. En una rueda de prensa en donde se negó a contestar las preguntas de los representantes de los medios de comunicación, precisó que la consignación se presentó ante el juez primero de distrito en Sonora, quien la radicó con el número de causa penal 134/2009, pero no dio a conocer los nombres de los indiciados y de los delitos por los que los está acusando la PGR. Sin embargo, en el Estado de Sonora trascendió que la PGR había consignado la averiguación previa en contra de los cinco propietarios de la guardería ABC, Sandra Lucía Téllez, Marcia Gómez del Campo, Gildardo Francisco Urquide, Alfonso Escalante y Antonio Salcido, información que no fue confirmada por el funcionario, uno de los más poderosos de la actual administración federal.
También a poco más de un mes de la muerte de los infantes en la Guardería ABC de Sonora, Gustavo de Unanue Galla, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó que solicitó a los propietarios de ocho de las 231 estancias infantiles que serán reubicadas, pues están instaladas en establecimientos que no cumplen con todas las normas de seguridad para los menores por lo que fueron cerradas toda vez que se encontraban en las cercanías de gasolineras o talleres. “Muerto el niño tapan el pozo”.
Liga con Zambada
Dentro de las líneas de investigación que realizan “los muchachos” de Medina Mora y que deberían ser aclaradas totalmente, es la que lleva a la abierta conexión de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón con el Cártel de Sinaloa, que dirigen los poderosos capos Joaquín “el chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada e Ignacio Coronel, y entre los cuales el contacto es nada menos que Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes.
Tendrán que aclarar cómo fue que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los tiempos en los que lo dirigió Molinar Horcasitas, subrogó una guardería a una integrante de la “red financiera” de dicho cártel del narcotráfico e incluso ese funcionario es el que firmó el contrato correspondiente vigente, y cómo es que siguió operando a pesar de que desde hace dos años el nombre y la razón social de la estancia infantil “El Niño Feliz” y su dueña María Teresa Zambada Niebla, aparecen en la lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que entre otras funciones tiene la de identificar a los operadores financieros y negocios utilizados por esa organización criminal para “lavar” sus ganancias.
Medina Mora debería de tener como prioridad en su escritorio la información que el Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer desde mayo de 2007, en la que se identifica la “Red Financiera de Ismael Zambada García”, en la que está incluida la guardería “El Niño Feliz” y la hija de Ismael Zambada Niebla, así como la representante legal de la misma, Carmen Amelia Araujo Laveaga, quien está identificada como “operador clave” de la estructura financiera del Cártel de Sinaloa. También debería de contar con todo un expediente sobre esta guardería que opera en la ciudad de Culiacán desde el 22 de noviembre de 2001, que fue entregada en adjudicación directa, que atiene a 209 niños, que recibe 2 mil 249 pesos mensuales por cada uno de ellos, por lo que la administración de Felipe Calderón le paga un total de 5 millones 640 mil pesos mensuales.
El procurador General de la República debería explicar cómo es posible todo lo anterior a pesar de que hasta la fecha el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de 12 individuos, entre los que se encuentran las mencionadas, y seis organizaciones mexicanas que forman parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa usada para “lavar” sus ilícitas ganancias y que hasta del cierre de estas líneas no haya pasado nada. ¿Cómo es posible que mejor el vapuleado Daniel Karam vuelva otra vez a sacar la cara y a decir que la PGR ya investiga el caso de la guardería subrogada a la hija de Ismael “el mayo” Zambada? ¿Cómo se atreve a declarar este incompetente funcionario que “si se encuentra algún motivo por el cual se tenga que clausurar la guardería seremos los primeros en llevar a cabo esa acción”? ¿Qué no hay ya para este desgraciado señor motivos más que suficientes?
Una tragedia de esta naturaleza no debe repetirse en ningún punto del país, por lo que deben tomarse las acciones jurídicas, de administración, de seguridad, de protección civil, de salud, educativas, todas las que sean necesarias para garantizarles a nuestras nuevas generaciones una infancia adecuada, segura y feliz, digna, tal y como se la merecen, y también para lo cual los responsables del infanticidio en la guardería sonorenses deben ser castigados, sin importar el nivel de influencias que puedan tener en el gobierno federal o estatal, por lo que la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días será piedra angular.
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