Acuerdo nacional

José Darío Arredondo López  

Los señores de la delincuencia organizada, recientemente han dirigido un comunicado debidamente transmitido por una estación televisora, a fin de que el señor presidente deCalderonia tome nota de su interés por cesar la sanguinolenta mortandad que da de qué hablar diariamente. La nación se ha convertido en un campo de prácticas para psicópatas de uniforme o de civil, donde corre la sangre al mismo tiempo que los recursos para contenerla. La batalla contra el narco es el evento estelar de la necrofilia nacional, patrocinado por los gringos y ejecutado con la debida torpeza por parte de nuestras fuerzas policiacas.

Que el cartel de La Familia haya saltado a la notoriedad política con ese mensaje de acuerdo nacional, no es gratuito ni casual. En el ambiente citadino se transita con el Jesús en la boca y la traducción libre de los miedos cotidianos se escribe con la angustia, la impotencia y el anodino refugio de no ver, no oír y no hablar de muchos ciudadanos, habida cuenta las señales a veces menos difusas de la colusión de autoridades de alto nivel de decisión en los negocios de moda.

Que Genaro García Luna resulte señalado como protector de cárteles competidores, compromete la persecución federal de los delitos contra la salud y ahonda la brecha entre la seguridad ciudadana y el abandono en una cuneta en cualquier carretera, de cualquiera de los involucrados en esta lucha por los mercados en la versión políticamente incorrecta del neoliberalismo en acción. Y así, la exigencia de respeto a las familias es algo con lo que cualquiera está de acuerdo, pero sucede también que el atropello a los hogares mexicanos resulta del fracaso del gobierno en la protección y defensa del orden constitucional. A estas alturas, nadie puede negar que las fuerzas del orden sean, con frecuencia, transgresoras de los derechos humanos, con mayor razón cuando no existen propósitos claros ni acciones responsablemente definidas respecto a la represión del delito.

A la oferta de acuerdo, el gobierno responde que los delincuentes no son parte de la sociedad, que el gobierno no negocia con la delincuencia, que los muertos pertenecientes a las fuerzas de la ley, son muestra de lo desesperados que están los criminales ante las “acciones contundentes” emprendidas. El ogro justiciero reparte a los ciudadanos en dos grupos, los malosos y los buenos, donde los primeros están fuera de la sociedad porque viven en otra realidad que aparenta ser invulnerable a las palabras regañonas del gobierno, en tanto que los segundos viven en una burbuja de terror e inseguridad que se alimenta de promesas y fracasos.

Mientras tanto, trasciende en el nivel internacional el papelón que hizo nuestro señor procurador de justicia frente a los reclamos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde las cantinfladas marcaron la tónica de una defensa de la justicia mexicana que, finalmente, solamente demostró lo que pudo haber sido y no fue. El titular de Gobernación se hundió en un mar de demagogia, al esgrimir lastimosas argumentaciones de leguleyo y flotó en el aire la fetidez de una argumentación “legal” preñada de ignorante pedantería.

No estaría mal que los titulares de Gobernación, la PGR junto con el deSeguridad Pública, renunciaran por probada parcialidad e incompetencia en el manejo de los asuntos de sus respectivas dependencias. Asimismo, que el gobierno en un ejercicio de nacionalismo recuperara la administración de la justicia y dejara de lado la colaboración con la invasión silenciosa que perpetra Estados Unidos bajo la cobertura de la Iniciativa Mérida, que es una burda maniobra más para militarizar nuestra región con la bota del ejército gringo.

Pero, hablando de otras cosas, me comenta un amigo taxista que a sus compañeros de labores, el pasado día 5 de julio, les pagaron 1,500 pesos por acarreo de gente a las casillas de votación y que por cada voto emitido iban 400 pesos de pago al votante, por parte del PAN, con lo que se demuestra que el famoso cambio se refiere solamente a las siglas y los colores, no a las acciones ni los propósitos de gobierno.

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