La vergüenza

En un inicio fue el silencio sepulcral, nadie entendía lo que pasaba en la guardería ABC, localizada en la colonia Y Griega, a las afueras de Hermosillo, Sonora. O, mejor dicho, nadie quería creer que un incendio arrasaba con la bodega malamente acondicionada como guardería y donde, a esa hora, muchos de los niños que ahí eran cuidados ya estaban muertos. Con el paso de las horas se propaló la noticia de la tragedia más terrible en la historia del estado y del país: decenas de niños habían muerto tras incendiarse la bodega que el gobierno de Eduardo Bours rentaba para guardar documentos de la Secretaría de Hacienda. Al paso del tiempo se sabría que la estancia infantil también estaba subrogada a familiares y amigos del gobernador, quienes ganaban con ella millones de pesos, pero nunca se preocuparon por dotarla de salidas de emergencia ni de materiales para proteger a los infantes. Del aturdimiento, los sonorenses pasaron a la rabia y a la demanda de justicia, luego de que se confirmó la muerte de 46 inocentes y el estado de gravedad de 20 más, quienes fueron hospitalizados con quemaduras de tercer grado. La rabia aumentó cuando se supo que las guarderías eran un negocio más para la familia de Bours y algunos de sus principales funcionarios. Pero no sólo los Bours y sus amigos están involucrados en esta red de complicidades y de corrupción, también lo está el gobierno federal, que a través del IMSS tiene una gran responsabilidad que debe ser investigada y sancionada. El Instituto Mexicano del Seguro Social renovó en 2005 el contrato de subrogación con los dueños de la guardería ABC, a pesar de que la misma autoridad había registrado diversas irregularidades que ponían en riesgo la seguridad del lugar, de acuerdo con documentos oficiales que forman parte de la investigación que realizan las procuradurías de Justicia de Sonora y General de la República. La delegación estatal del IMSS, pues, no hizo nada para sancionar o cancelar la subrogación de la guardería a la empresa ABC, a pesar de que desde el año 2005 pidió a los dueños de esa estancia infantil que hiciera modificaciones en las instalaciones para salvaguardar a los menores de edad. Según un documento oficial difundido recientemente, había problemas desde la puerta de acceso principal, ya que no contaba con las medidas requeridas, y tampoco había salidas de emergencia adecuadas en las salas de lactantes. Los plafones, que ocultaron las llamas y las avivaron por toda la bodega, debieron haber sido sustituidos con material no combustible, pues los que fueron instalados estaban hechos a base de lona plástica tipo carpa, un material altamente combustible. Así mismo, se hizo caso omiso a las recomendaciones de colocar material aislante en el techo del inmueble, que aparentemente carecía de dicho material, lo que dejaba a los niños en total indefensión ante el clima extremoso de Hermosillo. Y, así, pese a no contar con ninguna de las recomendaciones requeridas, Protección Civil de Sonora y los Bomberos de la capital del estado dieron su autorización para que la guardería funcionara. Todos, pues, desde el gobierno federal, hasta el estatal y el municipal, tienen una responsabilidad. Pero ya pasó más de una semana de la tragedia que cobró la muerte de 46 menores y al momento no hay una sola consignación. Mientras tanto, las mamás y papás de los niños fallecidos, además de miles de sonorenses, han tomado las calles de Hermosillo, como no lo habían hecho nunca, para exigir el castigo a los responsables y la renuncia del gobernador Eduardo Tours, quien ha hecho oídos sordos y se protege con el manto de su amiga Elba Esther Gordillo, quien seguramente ya negocia el conflicto con su amigo Felipe Calderón. Pero la vergüenza de la tragedia pesará a todos los políticos y sus familiares involucrados, pues en uno de los panteones de Hermosillo se siguen abriendo fosas porque en los hospitales, pese a que luchan para salvar la vida de los niños quemados, algunos de ellos no tienen muchas esperanzas de superar las heridas que les produjo un incendio ocasionado por la negligencia y la corrupción de todas las autoridades. José Gil Olmos/ Apro