Agencia ReformaHERMOSILLO, Sonora — El gobierno de Sonora, a cargo del priista Eduardo Bours, implicó ayer a Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ex director general del IMSS, en el incendio de la guardería ABC, que dejó hasta ahora 46 niños muertos.
En conferencia de prensa, el procurador general de justicia del estado, Abel Murrieta, sostuvo que tanto Molinar Horcasitas, como Marcelo Meouchi Tirado, ex socio y representante legal de la guardería ABC del IMSS, podrían tener responsabilidad en la tragedia del pasado 5 de junio.
Acompañado de Martín Godoy, delegado de la PGR en Sonora, Murrieta mostró un oficio fechado el 26 de julio de 2005, donde se documentaron las irregularidades de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y cuya existencia fue revelada en días pasados por el procurador de la República, Eduardo Medina Mora.
"En el 2005 hubo funcionarios del IMSS que se dieron cuenta (de las anomalías de la guardería) y ahora hay que investigar por qué no se actúo", precisó.
El procurador mostró también una copia de la renovación del contrato de subrogación que el 29 de marzo de 2006 firmó Molinar Horcasitas a los socios de la estancia ABC, ocho meses después de que les habían señalado serias irregularidades.
"Debió haberse suspendido y debió de haberse negado cualquier contrato posterior, todo esto tenemos que estarlo investigando. Pero además, esto involucra desde el empleado que hizo la supervisión, hasta el director nacional de ese tiempo, Juan Francisco Molinar Horcasitas, que firma esta situación", enfatizó Murrieta.
El documento de 2005 iba dirigido a Marcelo Meouchi Tirado, ex representante legal de la guardería ABC, a quien no ha sido posible localizar en la ciudad.
Datos del Registro Público de la Propiedad señalan que Meouchi Tirado es esposo de María Fernanda Camou Guillot, quien junto con Marcia Gómez del Campo integró en 2001 la sociedad civil ABC para administrar cinco guarderías.
En 2005 vendió su sociedad a Gildardo Urquides, Alfonso Escalante y Sandra Lucía Téllez.
El oficio del IMSS está firmado por Emigdio Martínez García, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y le da a Meouchi Tirado un plazo de 30 días para corregir las irregularidades encontradas por sus empleados Yadira Barreras, Thelma Salado Islas y el arquitecto José A. Verdugo.
El procurador insistió en que la responsabilidad principal en el caso ABC es del IMSS.
"Ahora se habla de tráfico de influencias, curiosamente nunca se dirigen a la entidad que tiene la responsabilidad de otorgar las concesiones, ni se finan tampoco en los tiempos", dijo.
Sobre los socios de la guardería, informó que aún no se tienen elementos para dictar órdenes de arraigo o de detención.
En sus declaraciones, dijo, han indicado que ellos cumplieron con toda la normatividad que les exigió el IMSS.
"Los dueños de la guardería ya declararon, ya rindieron su declaración, les dije ahí están, ahora nosotros tenemos que ver si es cierto que ellos cumplieron con todo o si no cumplían con todo", indicó.
Niegan amparos
Un juez del Poder Judicial Federal en Sonora rechazó ayer amparar a los cinco socios de la guardería ABC del IMSS.
Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hoeffer y Sandra Lucía Téllez Nieves, promovieron los juicios 583/09, 584/09, 585/09, 586/09, y 587/09, respectivamente, ante el juez décimo de distrito del Poder Judicial Federal, Erick Bustamante Espinoza, contra autoridades de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia en Sonora, por cualquier posible orden de detención.
"Resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva. Segundo. Se difiere audiencia incidental y se fija a las 10 a.m. del 1 de julio de 2009 para su celebración", anotaron las autoridades del Juzgado Décimo de Distrito en la lista de acuerdos de ayer.
Ernesto Moreno, abogado penalista, explicó que una de las causas por las que un juez niega un amparo, es porque posiblemente no existe aún una orden de aprehensión en contra del demandante.
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