Guardería ABC: detener y apaciguar

Miguel Angel Avilés

Como era de temerse, el hilo de las responsabilidades por lo ocurrido en la Guardería ABC parece estarse rompiendo por lo más delgado.

Esta mañana de domingo fue detenida la supervisora municipal de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, Irma Díaz Gómez cuando esta se encontraba en las afueras de una iglesia de Hermosillo.

Raudos y veloces los agentes aprehensores la trasladaron de inmediato a la sala de indiciadas del Centro de Readaptación Social de esta capital.

El Ministerio Público hizo la consignación correspondiente y Díaz Gómez quedó a disposición del juez primero de Distrito cuyas instalaciones se encuentran en calle Doctor Paliza y calle Londres.

En el plano de la indignación popular y de las familias ofendidas por esta tragedia, esto pudiera ser, en apariencia, una primera muestra de que la autoridad está ofreciendo los resultados demandados; empero, tal detención puede ser un placebo para calmar las ansias ciudadanas y enfriar los ánimos tan acalorados.

En efecto, la gente exigía validamente respuestas inmediatas de los órganos del estado y de la federación encargados de procurar justicia y estos, viéndose presionados política y socialmente, los están dando.

Estos resultados, sin embargo, no devienen de las coordinación institucional entre la PGR y la PGJE, sino por el contrario, emanan de las disputadas y mezquindades políticas que existen entre la Federación y el Estado de Sonora las cuales se están poniendo sin recato sobre la mesa, incluso en una desgracia como esta.

A mediados de esta semana que termina, el Secretario de Gobernación “exigió” prontos resultados a las dos procuradurías, pero si en público no lo dijo, era sabido que la PGR estaba por consignar su averiguación que por cierto consta ya de un buen número de tomos.

Todo parece indicar que así lo hicieron, no porque les interese mucho la justicia pronta y expedita, sino para apaciguar las críticas que se estaba llevando la federación y de paso dejar mal parado al gobierno del Estado de Sonora, ante su aparente parsimonia para hacer lo mismo.

Si hacemos cuenta la PGR pudo haber consignado del miércoles en adelante y por razón de turno dichas consignaciones fueron a parar al juzgado primero de Distrito. Lo que resulta sorprendente es la vertiginosidad con la que en todo caso actuó dicho juzgado para resolver sobre las ordenes de aprehensión en tratándose de un asunto de tan envergadura, tan complejo y sobre todo tan voluminoso.

Pero todo parece indicar que lo hicieron, pues esta mañana de domingo se ejecutó al menos una orden de aprehensión, misma que recayó, no en un altísimo funcionario, no en el Director del IMSS, Daniel Caram, no en funcionarios estatales de alto nivel, no en la realeza que monopoliza las guarderías en Sonora, sino en la supervisora municipal de estas, Irma Díaz Gómez.

Ella está detenida como probable responsable del delito de homicidio culposo y otros más, pero, de acuerdo a la ley, puede obtener su libertad provisional bajo caución; no obstante la suma es alta y está fuera de todas sus posibilidades económicas: el juez le impone la suma de dos millones de pesos.

Sus familiares, trabajadores de todos ellos, hacen lo posible por acabalar esta suma o su equivalente en póliza de seguros para que dicha funcionaria este lo antes posible en su casa y hacer su defensa jurídico procesal desde fuera.

Quiero entender que el clamor generalizado llama a que en el terreno penal se castigue a los responsables, que no se castigue a un inocente y que se le reparé el daño moral y material a los ofendidos. Esa sería una aspiración legítima.

Pero la indignación es tanta que a veces se desborda y puede desbocarse. Eso sería peligroso porque se perdería la perspectiva de justicia a la que se aspira y nos conformaría fácilmente trayéndonos a la vista de todos un cadáver ensangrentado como resultado de sus indagatorias.

El acervo que seguramente ya se acumuló en cada una de las averiguaciones-la acción en materia civil es aparte- pondrá en predicamentos a cualquiera que tenga en sus manos el impuso procesal de los juicios y lo obligará a ver este asunto a pie juntillas y con el celo profesional que la causa se merece.

Eso si todo este sendero jurídico que apenas empieza se ve con seriedad.

Decepcionante será, en cambio, si con tal de apaciguar a una proclama social, se precipitan las resoluciones y, como siempre pasa, se empiezan a reventar los hilos por lo mas delgado como quizá este pasando ya con la detención de Irma Díaz Goméz.

Cuidado.