Gravísima denuncia de Petra Santos contra Padrés y un notario local

Por Carlos Moncada Ochoa publicada el día 2009-06-20

Una denuncia demoledora presentó la candidata del PRD Petra Santos contra el candidato del PAN Guillermo Padrés y sus hermanos, en la que se encuentra seriamente comprometido el notario público hermosillense Luis Fernando Ruibal Cocker. Hubo un anticipo de esta denuncia en el debate de los cinco candidatos; al final se mostraron documentos que no pudieron ser apreciados por el público. La actual denuncia está dirigida al procurador de justicia del Estado y se aportan pruebas documentales.

El fraude consiste en que los hermanos Guillermo, Miguel y Julio César Padrés, con la complicidad del citado notario, fingieron contratos de donación de terrenos de dichos señores a los menores Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina, a fin de declararse insolventes para responder a una demanda por UN MILLÓN Y MEDIO DE DOLARES que le prestaron al candidato panista cuando era senador y que no ha pagado y pretende no pagar.

Los acreedores entablaron juicio ejecutivo mercantil cuya resolución les fue favorable y fincaron un embargo de las propiedades el 25 de abril de 2008. Mediante una maniobra, los Padrés fingen que antes del embargo habían pasado los terrenos a ser propiedad de los citados menores pero las fechas son implacables y los condenan.

Fueron cuatro las escrituras manipuladas. La fechada el 29 de diciembre de 2007 fue autorizada el 16 de mayo del año siguiente e inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 22 de mayo de 2008. La escritura otorgada el 5 de marzo de 2007 ante la fe del notario Homero C. González Ríos de Cananea, fue inscrita el 8 de mayo de 2008 (14 meses después). La escritura fechada el 13 de octubre de 2006, autorizada el 16 de mayo de 2008 (un año y siete meses después de la supuesta comparecencia de los actores ante el notario) fue registrada el 27 de mayo de ese año.

Aquí la candidata Petra Santos destaca en su escrito que el notario Ruibal Cocker violó el artículo 54 de la Ley del Notariado que lo obliga a autorizar con su firma la escritura inmediatamente después de haber corrido el trámite y mandarla inscribir al Registro Público de manera preventiva. De ningún modo se puede admitir que medie tanto tiempo entre los dos actos. Además, si no se completan a satisfacción los trámites, por ejemplo, si falta la firma de un compareciente, el Notario está obligado a anotar NO PASO en la escritura.

En una cuarta escritura del 29 de diciembre de 2006, la señora Nina Alejandra Molina Souffle dona al menor Miguel Padrés Molina un terreno; se autoriza el 16 de mayo de 2008, casi un año y medio después. La ex diputada Petra Santos, que denunció estos hechos en la rueda de prensa que ofreció anteayer, dice en el documento presentado a la Procuraduría:

“Es notoriamente doloso que se hayan expedido por el notario estas escrituras después del embargo, producto del juicio ejecutivo mercantil, con las irregularidades y falsedades que manifiestan con el único propósito ilícito de lograr, mediante la presentación de una demanda de amparo, que se levantaran los mencionados embargos sobre los bienes donados a través de las escrituras mencionadas, y con el propósito de los donantes de incurrir en estado de insolvencia y de cometer fraude en perjuicio de su acreedor, valiéndose de la complicidad del notario público No. 68”

El escrito cuestiona también la legalidad de la escritura que ampara la adjudicación a los padres, por la vía de la herencia, de una finca urbana y el predio rústico “El derrumbadero” así como la venta que se supone hace Julio César Padrés Elías a la firma “Héctor J. Padrés, S. A.”, cuyos socios son los mismos señores Padrés. Doña Petra Santos apunta una vez más al notario público Ruibal Cocker “que protocolizó la compraventa y donación fraudulentas”. No es política que quite el dedo fácilmente del renglón. Tomó a su presa y no la soltará. Lo mejor es que la Procuraduría le entre a investigar lo que le solicita.

Muleta

Trompo a la uña de Notarías

La gravedad de los hechos denunciados no sólo obligan a la Procuraduría de Justicia a realizar esa investigación, sino también a la Dirección General de Notarías, encargada de velar por la moralidad y el apego a la ley de una institución dotada de fe pública en la que hasta hoy han confiado los ciudadanos.

La posibilidad de que las escrituras no hayan sido elaboradas en las fechas que se indican, sino varios meses después, y que las falsas fechas tengan por objeto impedir el embargo de los bienes de los Padrés, es alarmante. La denunciante dice al inicio de su escrito que no hace acusaciones concretas, pero sus argumentos son aplastantes. Aparte del delito de fraude, piensa que puede configurarse el de tráfico de influencias porque Padrés era senador y, como tal, gestionó y obtuvo el préstamo que ahora intenta no pagar.

Ante la posibilidad de que se quiera echar tierra al asunto, atribuyendo la denuncia a la lucha electoral, doña Petra Santos se adelanta a sostener que de ninguna manera trata de favorecer al PRI, y que también al candidato de ese partido le tiene guardado lo suyo, aunque se negó (entrevista con Jesús Ruiz) a proporcionar detalles porque dará a conocer el caso, dijo, la semana venidera.

Con oportunidad se solicitará a Notarías el informe que corresponde a su competencia. Es una buena medida adelantarse a los acontecimientos e investigar de una vez. Hace años se asignaban las notarías de acuerdo con los exámenes a que eran sometidos los aspirantes. ¿Se hace igual hoy? Qué buena oportunidad para meter el bisturí a fondo y averiguar si hay tumores que extirpar.