El Universal
Ciudad de México Miércoles 03 de junio de 2009
14:16
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no intervenir en el caso relacionado con los spots que difundieron grupos empresariales en contra del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en el 2006.
En una votación dividida, de 3 contra 2, la mayoría de ministros de la Segunda Sala de la Corte resolvieron no atraer el juicio que promovió el Consejo Coordinador Empresarial para no entregarle al Instituto Federal Electoral la información que le solicitó sobre los spots que difundió durante el proceso electoral del 2006 en contra del proyecto del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
El IFE le pidió al grupo empresarial que le envíe todos los documentos que tienen que ver con la contratación de los espacios que empleó en radio y televisión para intervenir en las elecciones presidenciales, en respuesta a una orden que le giró, a su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde octubre del año pasado, los magistrados del Tribunal Electoral le ordenaron al IFE que revisara la actuación de los empresarios, como parte de la sentencia que emitió en el caso en el que también ordenó multar al PRI, PAN y PVEM por beneficiarse de los spots que difundieron los empresarios contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
En respuesta a estas medidas, el Consejo Coordinador Empresarial promovió un juicio de amparo para evitar entregar la información que le requirió el IFE. Pero no tuvo suerte, el juez federal que revisó su caso desechó la demanda porque consideró el juicio de amparo no puede ser usado para combatir asuntos de tipo electoral.
Una vez que perdieron el juicio en primera instancia, los empresarios le pidieron a la Corte que atrajera el asunto para que revisara la decisión del juez y emitiera una decisión definitiva en torno al mismo.
Pero como carecían de legitimidad para hacer este tipo de solicitud, el presidente del alto tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia hizo suya la petición y la puso a consideración de sus compañeros de la Segunda Sala.
Sin embargo, la mayoría de ministros de dicha Sala consideró que el asunto no revestía de trascendencia e importancia nacional, desde el punto de vista jurídico, por lo que será un tribunal colegiado, es decir un órgano de menor jerarquía, el que decida en definitiva si ratifica la decisión del juez de no admitir la demanda de los empresarios, por considerarla improcedente, o si revoca esta sentencia y favorece al CCE.
En una votación dividida, de 3 contra 2, la mayoría de ministros de la Segunda Sala de la Corte resolvieron no atraer el juicio que promovió el Consejo Coordinador Empresarial para no entregarle al Instituto Federal Electoral la información que le solicitó sobre los spots que difundió durante el proceso electoral del 2006 en contra del proyecto del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
El IFE le pidió al grupo empresarial que le envíe todos los documentos que tienen que ver con la contratación de los espacios que empleó en radio y televisión para intervenir en las elecciones presidenciales, en respuesta a una orden que le giró, a su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde octubre del año pasado, los magistrados del Tribunal Electoral le ordenaron al IFE que revisara la actuación de los empresarios, como parte de la sentencia que emitió en el caso en el que también ordenó multar al PRI, PAN y PVEM por beneficiarse de los spots que difundieron los empresarios contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
En respuesta a estas medidas, el Consejo Coordinador Empresarial promovió un juicio de amparo para evitar entregar la información que le requirió el IFE. Pero no tuvo suerte, el juez federal que revisó su caso desechó la demanda porque consideró el juicio de amparo no puede ser usado para combatir asuntos de tipo electoral.
Una vez que perdieron el juicio en primera instancia, los empresarios le pidieron a la Corte que atrajera el asunto para que revisara la decisión del juez y emitiera una decisión definitiva en torno al mismo.
Pero como carecían de legitimidad para hacer este tipo de solicitud, el presidente del alto tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia hizo suya la petición y la puso a consideración de sus compañeros de la Segunda Sala.
Sin embargo, la mayoría de ministros de dicha Sala consideró que el asunto no revestía de trascendencia e importancia nacional, desde el punto de vista jurídico, por lo que será un tribunal colegiado, es decir un órgano de menor jerarquía, el que decida en definitiva si ratifica la decisión del juez de no admitir la demanda de los empresarios, por considerarla improcedente, o si revoca esta sentencia y favorece al CCE.
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