La fuerte contracción económica del país, revelada por el gobierno esta semana, dibuja un panorama cada vez más negro para el pueblo de México. La magnitud de los efectos de la crisis se suman a una serie de eventos desafortunados ante los que el sistema político no muestra capacidad de resolver.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Cárstens, anunció un “boquete” de 300 mil millones de pesos en el presupuesto federal, que representa el 10 por ciento de lo programado para este año y 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para hacer frente a dicha “presión del gasto en 2009”, el Secretario informa que se hará uso del Fondo de Estabilización Petrolera, de los seguros de cobertura y de los excedentes operativos del Banco de México, pero que la solución para el siguiente año es una reforma fiscal, es decir, más impuestos.
Por su parte, el INEGI corrobora la información: la economía mexicana decreció 8.2 por ciento en términos reales en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2008, la contracción más fuerte desde 1995 en México.
La SHCP ajusta de nuevo sus pronósticos para ubicar el decrecimiento del PIB en 5.5 por ciento para este año, cuando a finales de 2008 preveía un crecimiento positivo de 1.8 por ciento para 2009 y, hasta apenas unos días atrás, todavía estimaba que el PIB al cierre del año decrecería 4.1 por ciento.
Ante tan catastróficos números que profundizan el desencanto por los efectos de una recesión mundial, no podemos sino asustarnos, porque: ¿de dónde más van a sacar el recurso para cubrir ese déficit sino de los muy golpeados ingresos de los trabajadores?
No parecen ofrecer soluciones para incentivar la economía, la propuesta del Secretario de Hacienda ante diputados de todos los partidos carece de creatividad: aumentar impuestos, recortar el gasto público o, en su caso, endeudar más al país para sobrellevar ese déficit el próximo año. Tampoco se ven condiciones para ejecutar esas medidas sin un alto costo social.
Por supuesto, como el mismo Cárstens lo anotó, eso se definirá una vez que pasen las elecciones del 5 de julio. Pero curiosamente, la expectativa de que algo va a cambiar después del relevo en gobiernos estatales y el Congreso es totalmente falsa.
La incapacidad para gobernar y la corrupción que hoy arropa al país no es privativa de un partido político, sea de oposición o gobernante, es el común denominador de toda la clase política y también económica, de las complicidades para llegar al poder o para beneficiarse de él a manos llenas, sin límite alguno.
Muestra de ello fue el libro de Carlos Ahumada, que acaparó los titulares hace algunos días como si tuviera alguna calidad moral para acusar a otros, que da cuenta de los manejos de diversos grupos políticos para corromper y fabricar evidencia que hundiera a sus adversarios.
El extranjero se ufanó de contar con las confianzas de altos personajes de la política y la economía para realizar el trabajo sucio, desde el entonces presidente Fox, pasando por el innombrable Salinas, hasta influyentes senadores y funcionarios.
Las reacciones de algunos de ellos mantuvo ocupados a los medios, pero de nuevo el escándalo lleva al desaliento, si todos ellos están implicados en esas u otras fechorías ¿quién está exento de la corrupción a esos niveles? Y lo peor de todo, siendo del dominio público la posible comisión de delitos ¿quién los juzga?
La realidad es que gozan de total impunidad y con eso parece bastar. La clase política y los grupos de poder privados, a pesar de su pública corrupción e incapacidad para manejar esta crisis, son quienes definen las políticas de estado, los que acuerdan hacia qué sectores se inclina el gasto público y qué tanto más deben aportar los ciudadanos.
A ellos no les afecta la crisis, continuarán con sus privilegios y desmesuradas ganancias, por ello se puede asumir que poco les preocupa dar una verdadera solución al impacto de la caída económica que tenemos encima.
En el terreno estatal hay coincidencia en que “las campañas no han prendido”, pero no hace falta que la gente apoye de corazón y con conciencia a los candidatos, de antemano se sabe que ganará quien tenga el apoyo del grupo que controla el poder político y económico.
Aún con la reforma electoral, los esquemas de campaña siguen siendo los del régimen anterior, el dispendio de recursos públicos en planas completas en los diarios, las encuestas que les favorecen, fotos con multitudes y los clásicos desplegados de gremios pudientes.
No existe una nueva era de la política, la democracia está ausente en la mayoría de las esferas públicas y privadas; en la dirección de los partidos, en la selección de candidatos, el ejercicio del poder sigue siendo autoritario y vertical. El análisis de fondo en las campañas y los canales de participación a los ciudadanos son muy limitados.
Las posibles soluciones al desarrollo del país no vendrán desde arriba, del candidato que promete por buena voluntad mejorar la condición actual; se reducirán las desigualdades y las injusticias cuando los mexicanos comprendamos que de nuestra lucha depende el cambio, debemos dar la batalla en conjunto y exigir sin temor lo que nos corresponde.
*Responsable de Apoyo a la Investigación de El Colegio de Sonora
nvalle@colson.edu.mx
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