Jaime Avilés (La Jornada)
Sólo faltó un pizarrón. A espaldas de la Alameda Central, ante las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y delante de miles de seguidores que vestían por lo general de gris o de oscuro como el cielo de las seis de la tarde, Andrés Manuel López Obrador explicó cómo, si se reducen los sueldos de los altos funcionarios de los tres poderes de la Unión, y se eliminan además las pensiones de los ex presidentes de la República, se pueden obtener 200 mil millones de pesos para proteger la economía nacional y frenar los ataques especulativos contra el peso, que pueden provocar, dijo con voz de alarma, “que se agoten las reservas federales”.
Por un instante, en la imaginación de los presentes, la advertencia del “presidente legítimo de México” hizo clic con lo que minutos antes había dicho Porfirio Muñoz Ledo en su discurso: que el diagnóstico del Pentágono, según el cual México es “un Estado fallido como Pakistán”, podría entrañar el peligro de que se estuviera fraguando “un golpe de Estado de derecha” para remover a (Felipe) Calderón, quien, añadió, “prácticamente ha renunciado al gobierno, al quedarse en Suiza durante siete días sin permiso del Congreso”.
Por fortuna, añadió el todavía coordinador del Frente Amplio Progresista, “en nuestro país existe este movimiento, encabezado por Andrés Manuel, que puede luchar contra esas pretensiones de la derecha, buscando una salida constitucional para acortar el mandato, pésimamente obtenido, de Calderón, ¡pero sin violencia, sin armas, porque las armas las tienen los narcos y nosotros tenemos las ideas y la movilización popular!”
López Obrador, poco más tarde, también pondría el énfasis en que “nosotros somos partidarios de la lucha pacífica, la lucha electoral”, con lo que rompió lo que ya se estaba convirtiendo en un tabú en las filas del movimiento: no hablar en público acerca de los comicios de julio. Pero tampoco se extendió más al respecto, y al dar lectura a una carta que envió ayer en la mañana a los legisladores federales para exhortarlos a tomar medidas que les permitan reunir esos 200 mil millones de pesos que reactivarían la economía popular, se fue sobre el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a quien tachó de incapaz, antes de exigir su inmediata renuncia.
“¡Fuera Carstens, fuera Carstens!”, empezaron a corear los presentes, entre los cuales, a juzgar por sus mantas y pancartas, había pequeños grupos de apoyo a algunos precandidatos a diputados por el Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de México. Era, de algún modo, un mitin de transición y el arranque de las precampañas que todavía no se atreven a decir su nombre.
Lo que no estaba en el aire, y mucho menos en los discursos, era el desafío que las televisoras lanzaron el domingo pasado, al interrumpir continuamente la transmisión del Súper Tazón y de cotejos como el Toluca-Pumas con espots de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, en un desplante que amenaza con desvirtuar desde ahora la endeble validez de los comicios de julio, y que podría estar en consonancia con la especulación de Muñoz Ledo.
No, lo que estaba en la mente de los que se apretujaban alrededor del templete eran las frases cumbres del diálogo entre el ex presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón a propósito del rescate bancario de 1995-98, que culminó con la conversión del mayor paquete de deuda pública en deuda privada a través del Fobaproa, como si esto fuera el más apabullante de los éxitos financieros o una solución para “salvar” la crisis económica del mundo.
Precios “irreales” y “absurdos”
A eso sí se refirieron Mario di Costanzo, secretario de hacienda pública del “gobierno legítimo”, el diputado electricista José Antonio Almazán y el aún coordinador del FAP. El primero demostró por qué son “irreales” y “absurdos” los actuales precios de las gasolinas, el diesel, el gas natural y la energía eléctrica, y por qué deben reducirse para que se reactive la economía y se detenga la inflación.
En su turno, el diputado Almazán insistió en que es preciso movilizarse contra las “inhumanas” tarifas de luz eléctrica, que han arruinado a decenas de miles de familias en todo el país, y confió en que el movimiento de López Obrador “no se va a cansar de luchar” hasta lograr ese objetivo.
En el discurso estelar del mitin, antes de explicar cómo se pueden conseguir y aplicar los 200 mil millones de pesos, López Obrador dijo que la incesante devaluación del peso “es un problema de confianza”, porque los mercados “prefieren especular, ya que no confían en este gobierno espurio”, y convocó a los asistentes a un nuevo mitin, el martes 17 de febrero a las cinco de la tarde, ante el Palacio Legislativo de San Lázaro, para pedir “un cambio profundo de política económica” e insistir, de paso –así lo entendieron muchos–, en la renuncia de Agustín Carstens.
Sólo faltó un pizarrón. A espaldas de la Alameda Central, ante las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y delante de miles de seguidores que vestían por lo general de gris o de oscuro como el cielo de las seis de la tarde, Andrés Manuel López Obrador explicó cómo, si se reducen los sueldos de los altos funcionarios de los tres poderes de la Unión, y se eliminan además las pensiones de los ex presidentes de la República, se pueden obtener 200 mil millones de pesos para proteger la economía nacional y frenar los ataques especulativos contra el peso, que pueden provocar, dijo con voz de alarma, “que se agoten las reservas federales”.
Por un instante, en la imaginación de los presentes, la advertencia del “presidente legítimo de México” hizo clic con lo que minutos antes había dicho Porfirio Muñoz Ledo en su discurso: que el diagnóstico del Pentágono, según el cual México es “un Estado fallido como Pakistán”, podría entrañar el peligro de que se estuviera fraguando “un golpe de Estado de derecha” para remover a (Felipe) Calderón, quien, añadió, “prácticamente ha renunciado al gobierno, al quedarse en Suiza durante siete días sin permiso del Congreso”.
Por fortuna, añadió el todavía coordinador del Frente Amplio Progresista, “en nuestro país existe este movimiento, encabezado por Andrés Manuel, que puede luchar contra esas pretensiones de la derecha, buscando una salida constitucional para acortar el mandato, pésimamente obtenido, de Calderón, ¡pero sin violencia, sin armas, porque las armas las tienen los narcos y nosotros tenemos las ideas y la movilización popular!”
López Obrador, poco más tarde, también pondría el énfasis en que “nosotros somos partidarios de la lucha pacífica, la lucha electoral”, con lo que rompió lo que ya se estaba convirtiendo en un tabú en las filas del movimiento: no hablar en público acerca de los comicios de julio. Pero tampoco se extendió más al respecto, y al dar lectura a una carta que envió ayer en la mañana a los legisladores federales para exhortarlos a tomar medidas que les permitan reunir esos 200 mil millones de pesos que reactivarían la economía popular, se fue sobre el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a quien tachó de incapaz, antes de exigir su inmediata renuncia.
“¡Fuera Carstens, fuera Carstens!”, empezaron a corear los presentes, entre los cuales, a juzgar por sus mantas y pancartas, había pequeños grupos de apoyo a algunos precandidatos a diputados por el Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de México. Era, de algún modo, un mitin de transición y el arranque de las precampañas que todavía no se atreven a decir su nombre.
Lo que no estaba en el aire, y mucho menos en los discursos, era el desafío que las televisoras lanzaron el domingo pasado, al interrumpir continuamente la transmisión del Súper Tazón y de cotejos como el Toluca-Pumas con espots de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, en un desplante que amenaza con desvirtuar desde ahora la endeble validez de los comicios de julio, y que podría estar en consonancia con la especulación de Muñoz Ledo.
No, lo que estaba en la mente de los que se apretujaban alrededor del templete eran las frases cumbres del diálogo entre el ex presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón a propósito del rescate bancario de 1995-98, que culminó con la conversión del mayor paquete de deuda pública en deuda privada a través del Fobaproa, como si esto fuera el más apabullante de los éxitos financieros o una solución para “salvar” la crisis económica del mundo.
Precios “irreales” y “absurdos”
A eso sí se refirieron Mario di Costanzo, secretario de hacienda pública del “gobierno legítimo”, el diputado electricista José Antonio Almazán y el aún coordinador del FAP. El primero demostró por qué son “irreales” y “absurdos” los actuales precios de las gasolinas, el diesel, el gas natural y la energía eléctrica, y por qué deben reducirse para que se reactive la economía y se detenga la inflación.
En su turno, el diputado Almazán insistió en que es preciso movilizarse contra las “inhumanas” tarifas de luz eléctrica, que han arruinado a decenas de miles de familias en todo el país, y confió en que el movimiento de López Obrador “no se va a cansar de luchar” hasta lograr ese objetivo.
En el discurso estelar del mitin, antes de explicar cómo se pueden conseguir y aplicar los 200 mil millones de pesos, López Obrador dijo que la incesante devaluación del peso “es un problema de confianza”, porque los mercados “prefieren especular, ya que no confían en este gobierno espurio”, y convocó a los asistentes a un nuevo mitin, el martes 17 de febrero a las cinco de la tarde, ante el Palacio Legislativo de San Lázaro, para pedir “un cambio profundo de política económica” e insistir, de paso –así lo entendieron muchos–, en la renuncia de Agustín Carstens.
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