Publica Proceso sobre lío en Vaso de la Presa

Por Tomado de internet / Proceso
Dia de publicación: 2008-08-04
José Gil Olmos
HERMOSILLO, SON.- En 2003, cuando Eduardo Bours Castelo llegó al gobierno de Sonora, no faltó quien pensara que, por el hecho de provenir de una familia adinerada, el político priista no utilizaría el poder para enriquecerse.

Pero ahora, al cabo de cuatro años y medio de gobierno, ya son muchos los sonorenses desengañados y los que, incluso, han padecido los excesos del mandatario, como el despojo de tierras para beneficiar a socios y hermanos.

Uno de los casos recientes es el de los terrenos del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, cercanos a la capital, sobre los cuales se proyecta construir un enorme fraccionamiento residencial, con clubes de golf, caballerizas y casas de lujo a cargo de la inmobiliaria Misión Veintiuno, propiedad del empresario sinaloense Luis Coppel Lemmen Meyer.

De acuerdo con documentos oficiales, obtenidos por Proceso, la familia Coppel –con la cual emparentó este año el gobernador Bours luego del enlace de su hija Lourdes con Alejandro Gaxiola Coppel, sobrino de José Coppel Lemmen Meyer– compró mil 90 hectáreas por 8 millones 515 mil pesos para la construcción de un fraccionamiento. En este proyecto, denominado Colinas de Pitic, los propietarios invertirán inicialmente 430 millones de pesos.

Durante décadas esas tierras estuvieron abandonadas y grupos de campesinos y colonos expulsados de la capital las utilizaron para cultivar hortalizas o construir casas humildes.

El 26 de septiembre de 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto a favor del municipio de Hermosillo por medio del cual expropió 6 mil 782 hectáreas de terrenos comunales del antiguo ejido de Villa de Seris, donde se ubica el vaso de la presa, para impulsar el desarrollo urbano.

Más de medio siglo después, el 21 de agosto de 1997, el gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera expropió una franja de 2 mil 398 hectáreas del mismo vaso e intentó expulsar de la zona a los campesinos y colonos que habitaban y cultivaban las agrestes tierras. Por esas fechas, la presa había dejado de funcionar.

Sobre esa extensión proliferaron en los últimos años colonias populares como Parque Industrial, San Bartola, Mesa del Seri, El Realito, La Victoria, El Tazajal y Las Amapolas, entre otras, en las que habitan más de 500 familias de escasos recursos; así mismo, integrantes de la Unión de Productores Agropecuarios trabajan desde hace varios años las tierras de cultivo de la zona. Pero ni los colonos ni los campesinos pudieron obtener sus títulos de propiedad, a pesar de intentarlo en diversas ocasiones ante las autoridades.

El gobernador Eduardo Bours supo aprovechar esa situación de irregularidad. En 2006, por ejemplo, interpuso algunas demandas judiciales contra los campesinos y colonos que se niegan a vender a la inmobiliaria Misión Veintiuno los predios que ocupan; a otros los presionó para que aceptaran como pago de uno a cinco pesos por metro cuadrado, según denuncian a Proceso algunos de los afectados.

Afirman que el modus operandi del mandatario es el siguiente: En primera instancia, funcionarios de la coordinación estatal de Bienes y Concesiones se presentan ante ellos y les hacen una oferta de compra. Si los usufructuarios de los predios se niegan, los "compradores" los acusan de invasores ante la procuraduría estatal. Lo mismo hacen los empleados de Misión Veintiuno, encabezados por Luis Rivas.

Sobre Marcelino Doramen Aguilar, quien vive con su familia en un predio de dos hectáreas, pesan cuatro demandas. En una situación parecida se encuentra la familia Coronado López, cuyos integrantes tienen una casa en las afueras de la colonia Amapolas: llevan dos años viviendo en la zozobra, luego de que las autoridades amenazaron con despojarlos de su vivienda.

Según la maestra Rosa Delia Coronado, el gobernador Bours actúa peor que sus antecesores. A diferencia de éstos, sostiene, él utiliza a la policía, e incluso ordenó desaparecer documentos oficiales para evitar que los colonos pudieran defenderse.

La maestra Coronado, quien es abogada y defiende a varios de sus vecinos, explica que tuvo que ir al archivo de la Universidad de Sonora para conseguir los diarios oficiales de 1946, en los que se demuestra que el gobierno federal expropió los terrenos del vaso de la presa en beneficio del ayuntamiento de Hermosillo y no del gobierno estatal.

Jorge Luis Mada, otro de los demandados, dice al reportero que en 2005 el gobierno de Bours lo obligó a vender la mitad del terreno de 30 hectáreas que ocupaba. Según el entrevistado, para presionarlo el mandatario le dijo que si accedía a vender le retiraría una demanda en su contra por la presunta siembra de estupefacientes. Al final, relata José Luis, tuvo que venderlo todo. Y, afirma, la demanda no solamente existe, sino que ahí sigue.

A su vez, Ramón Ángel Salazar asegura que él y su familia llevaban años cultivando sus tierras, pero en 2004, luego de negarse a venderlas, fueron desalojados por policías estatales. Tras dos años de litigio, él y otros afectados consiguieron que el 21 de noviembre de 2006 el Congreso estatal aprobara un punto de acuerdo para investigar sus casos. Desde entonces, dice, no ha habido ninguna respuesta oficial.

Otro caso más es el de la Unión de Productores Agropecuarios, una asociación civil formada hace dos años por 21 familias que poseen 236 hectáreas. Celso Quintero, presidente de la agrupación, sostiene que el representante de la inmobiliaria de la familia Coppel, Luis Rivas, se acercó a ellos para proponerles la compra de sus terrenos a un peso el metro cuadrado.

"¡Es un abuso!", exclama Quintero. Y expone que sus representados piden mil pesos por metro cuadrado; además, señala que el gobierno del estado les propuso reubicarlos en un rancho localizado en la Sierra del Seri, en donde no hay agua.

El dirigente de la Unión de Productores Agropecuarios está molesto porque, dice, el pasado 17 de julio descubrió que dentro de uno de sus terrenos la empresa de Coppel ya había levantado un cuarto con paredes prefabricadas en el que pretendía alojar a sus trabajadores, quienes iban a cercar el área que aún es de la asociación.

Quintero advierte que no están cerrados a la venta de algunas hectáreas, y añade que incluso le propusieron a los de Misión Veintiuno ser partícipes del proyecto residencial, pero los Coppel se negaron.

"Nosotros les pedimos que nos dejen trabajar. Si no quieren vernos porque somos pobres, pues que pongan una barda en su campo de golf y se acabó el problema. Nosotros también tenemos derecho a tener una casita campestre, pero ellos no quieren convivir con la gente pobre. Nos dijeron que nosotros no podíamos estar en el fraccionamiento."

Según el dirigente, la inmobiliaria le explicó que ya tienen las maquetas del fraccionamiento de lujo que se construirá en las tierras del vaso de la presa, similar al que Misión Veintiuno construyó en Culiacán para las familias más ricas de Sinaloa.

Así, poco a poco, mediante el despojo y la intimidación, el gobierno de Bours logró apropiarse de gran parte de los terrenos adyacentes a la vieja presa Abelardo L. Rodríguez. Incluso las autoridades colocaron una malla ciclónica y un anuncio con la leyenda: "Terreno propiedad del gobierno del estado". Además, policías armados realizan rondines todo el tiempo para custodiar los terrenos de la familia Coppel.

Negocios, negocios

"Cuando uno pasa por todos los municipios del estado, la gente dice: 'este es negocio de Ricardo Bours', 'esto es del gobernador', 'este de la familia Bours'. En muchos lugares han hecho grandes negocios. Eduardo Bours no llegó para gobernar sino para enriquecerse más y más. No tiene llenadera, ni él ni su equipo; tampoco su familia", denuncia la diputada local por el PRD, Petra Santos Ortiz.

La legisladora perredista hace referencia a los negocios que miembros de la familia Bours y funcionarios de la administración han realizado desde 2006. Menciona, por ejemplo, que a finales de ese año el gobierno autorizó la compra de 270 autobuses de transporte a la agencia Camiones y Tractocamiones de Sonora, S.A. de C.V., de la cual es director general José Gerardo Bours Castelo, hermano del gobernador.

El mandatario impulsó en ese entonces el programa denominado Sistema de Modernización del Transporte Urbano del Estado (Suba), lo que implicaba el cambio de rutas y la sustitución de mil 370 unidades de transporte, las cuales estaban siendo compradas a la empresa Camiones del Noroeste, S.A. de C.V. (Caminosa), que distribuye la marca Internacional.

Sin embargo, el responsable del programa, Jorge Luis Muñoz Almada, decidió favorecer a la compañía de José Gerardo Bours, que distribuye la marca Benz, con el argumento de que así se ahorraba combustible.

En una primera fase del programa Suba se compraron 270 unidades con un enganche de 30 millones de pesos, pero los camiones adquiridos eran inapropiados para las calles de las colonias populares de Hermosillo. Además, el cambio de rutas provocó un caos en la ciudad de tal tamaño que las policías Municipal y Estatal tuvieron que rescatar a decenas de personas varadas lejos de sus casas.

Ante el fracaso de ese programa, el gobierno desistió de aplicarlo en los demás municipios del estado, por lo que el hermano del gobernador ya no pudo hacer negocio.

Otra iniciativa que ha redituado ganancias a la familia y los funcionarios de la administración Bours es el proyecto de desarrollo Música, Arte y Exposiciones (Musas), que prevé la construcción de un complejo cultural en la zona conocida como Vado del Río. Para ello tuvo que ser destruido el parque Villa de Seris, pese a las protestas de ambientalistas y promotores de derechos humanos; algunos de ellos incluso fueron encarcelados. El proyecto incluye la construcción del Teatro de la Ciudad, así como galerías y museos.

Musas fue promovido por el fideicomiso público Operadora de Proyectos Estratégicos del estado de Sonora, conocido como Impulsor, creado en 2005 por el Ejecutivo estatal y dirigido por Ricardo Bours, otro de los hermanos del gobernador.

Ambientalistas del grupo Cactus Azul y de la Red Fronteriza de Salud se oponen a este proyecto, para el cual, afirman, el gobierno destinó 300 millones de pesos. Ellos han denunciado que antes de iniciar la obra, Jorge Laborín, cuñado de Eduardo Bours; Emeterio Ochoa, secretario particular del gobernador; Raymundo García de León, primer secretario de desarrollo económico, y Roberto Mazón, coordinador de la campaña de Bours, acapararon los terrenos aledaños.

Los denunciantes dijeron a los legisladores que familiares y amigos del mandatario sabían de antemano que al lado del complejo cultural se levantaría el centro comercial Galerías, lo que elevaría la plusvalía de la zona.

Los regidores del PAN Martín Miranda y Guadalupe Morales, quienes encabezaron el movimiento ciudadano de protesta contra Musas, aseveran: "La voluntad del gobernador se impuso, hubo corrupción y se destruyó uno de los pocos pulmones de Hermosillo. Es un capricho y un negocio redondo de los Bours."

Por lo que atañe a Impulsor, el fideicomiso fue ideado por el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, asesor del gobernador Bours. Además de Musas, este fideicomiso maneja otros cuatro proyectos en el estado cuya inversión pública y privada es cercana a los 124 mil millones de pesos. El más ambicioso de todos es la construcción de la carretera costera del Mar de Cortés, donde también confluyen los intereses de la familia Bours.

En un informe dado a conocer en el Congreso estatal en 2007, la diputada perredista Petra Santos señaló que tan sólo para este proyecto carretero se manejarán recursos por 2 mil millones de pesos. De acuerdo con el análisis programático-presupuestal de Impulsor, durante el cuarto trimestre de 2007 se van a enajenar más de 100 hectáreas del municipio de Caborca para vendérselas a inversionistas a 69 mil 21 dólares la hectárea.

Este asunto despertó la ambición del gobierno de Bours. Según una carta enviada al gobierno de Felipe Calderón a principios de julio por 70 familias del ejido Rodolfo Campodónico, del municipio de Caborca, el 20 de junio pasado 40 patrullas de la Policía Estatal Investigadora intentaron desalojarlos de sus tierras ejidales, ubicadas frente al Mar de Cortés.

Se trata de un terreno de 3 mil 900 hectáreas que ocupan las familias de pescadores sin tener títulos de propiedad. En su misiva, los firmantes denuncian que la familia del gobernador Bours, así como de Roberto Mazón, están interesados en posesionarse de esas tierras para edificar ahí hoteles de lujo para el turismo estadunidense. Así lo hicieron, dicen, en Puerto Peñasco, donde construyeron Sonora Spa Resort, Sonoran Sun Resort y Sonoran Sea Resort, a través de la empresa Sonoran Resort, donde tienen 33% de las acciones.

El senador Javier Castelo Parada, del PAN, tío del mandatario por línea materna, dice que entre los sonorenses son conocidos los beneficios de la familia Bours Castelo y de los allegados a Eduardo Bours por medio de contratos de obras públicas.

"No tengo datos concretos, pero eso lo escuchamos todos los días", admite Castelo Parada en entrevista realizada en Ciudad Obregón.

Según él, durante cuatro años el gobernador ha mostrado poca claridad en el manejo de los recursos públicos, como es el caso del Plan Sonora Proyecta, para el que se emitieron bonos por 10 mil millones de pesos, de los cuales poco más de la mitad serían destinados a la reestructuración de la deuda y el resto para obras públicas.

Advierte que cuando los diputados del PAN en el estado vieron los excesos del esquema financiero ideado por Pedro Aspe en 2005, interpusieron un juicio de inconstitucionalidad, lo cual detuvo la emisión de bonos. Ante esto, precisa, el gobierno de Bours pidió ese mismo año un préstamo por 4 mil millones de pesos para obras, pero hoy "ya no sabemos con qué dinero las están haciendo, lo cual es delicado porque no hay transparencia en la rendición de cuentas".